La Pastoral Social criticó las "políticas permisivas" y reclamó una "legislación adecuada para evitar el consumo y el tráfico". Un sector del Gobierno debate una reforma para descriminalizar a los adictos.
 
La Iglesia se sumó activamente al Día Mundial contra las Drogas que se celebra hoy y lanzó duras críticas al impulso de "políticas permisivas" en materia de estupefacientes, ante una posible reforma legislativa que impulsa un sector del gobierno y que involucraría la despenalización de la tenencia para consumo personal.

"Es importante que esta fecha no pase desapercibida, dada la alta gravedad del tema y su incidencia en nuestra sociedad", pidió en un comunicado la Comisión Coordinadora del Programa Nacional de Acción Pastoral en Drogadependencia.

Ante el Día Mundial de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas, el organismo episcopal exhortó también a apoyar su Programa Pastoral, que prevé desarrollar acciones "coordinadas y orgánicas" a favor de la prevención y la recuperación de adictos.

La comisión dependiente de la Pastoral Social, cuyo titular es el obispo Jorge Casaretto, advirtió en este sentido que buscará "promover una legislación adecuada tanto para evitar el consumo como para combatir el tráfico de drogas".

La frase fue interpretada en ambientes oficiales –según pudo constatar DyN- como una velada crítica al proyecto de reforma de la Ley de Drogas que impulsa el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, que podría involucrar la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal.

El Programa religioso tiene como principal objetivo "promover la cultura de la vida e identificar al consumo de drogas como uno de los factores actuales más perniciosos de la anticultura de la muerte".

Asimismo, apunta a la concientización sobre el "mal social" de la droga, la educación y prevención enfocada en las causas que generan la drogadependencia, la contribución a la rehabilitación de personas afectadas, y la denuncia del comercio de la droga y de los intentos de promover "políticas permisivas para su comercialización y consumo".

Esta mención a las "políticas permisivas" también fueron interpretadas como un cuestionamiento directo a la potencial despenalización que se analiza en el marco de una reforma que buscaría, principalmente, evitar la criminalización del adicto.

La iniciativa eclesiástica prevé, además, un plan de acción para acompañar tratamientos terapéuticos de drogadependientes, desarrollar un programa para incorporar a la vida carcelaria iniciativas "válidas" para brindar asistencia a las personas afectadas y propiciar acciones que faciliten el proceso de reinserción social de los adictos.

La Comisión episcopal también convoca a las parroquias, movimientos e instituciones eclesiales a proyectar "acciones coordinadas y orgánicas para contrarrestar este mal, previniendo y recuperando a quienes han caído en él", y a profundizar el estudio del documento episcopal "La droga, sinónimo de muerte".

En ese texto, difundido en noviembre pasado, los obispos denunciaron que "el narco-negocio se instaló en nuestro país, prospera exitosamente, destruye familias y mata, porque nuestro territorio dejó de ser sólo un país de paso".

Tras advertir que "el consumo arraiga en los jóvenes, y avanza sobre la inocencia y fragilidad de los niños", el Episcopado sostuvo que "cuando se asocian a las malas compañías del alcohol, los inhalantes, la violencia y el desamparo, el resultado es un complot para el exterminio".

La Iglesia reclamó entonces "transformar" la lucha contra el tráfico y consumo de de estupefacientes en "política de Estado", y exhortó a denunciar y a perseguir a "los mercaderes de la muerte que, con el escandaloso comercio de la droga, están destruyendo a la humanidad".