5 de Septiembre
Sabado 26 de Abril de 2008
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San Luis demandó al Estado nacional por la modificación de retenciones
El Gobierno provincial inició la demanda por considerar que la modificación en el régimen impositivo afecta la coparticipación federal. Se reclama la inconstitucionalidad del sistema de recortes
Fuentes judiciales informaron que el Gobierno puntano interpuso la denuncia ante la Corte por considerar que ese tribunal tiene "competencia originaria" para resolver la cuestión.

En su presentación, el Gobierno del puntano Alberto Rodríguez Saá pidió que las retenciones al sector agropecuario sean dejadas sin efecto.

El escrito, de 62 páginas, fue firmado por el propio Gobernador y el ex ministro de la Corte Rodolfo Barra, reclama la "inconstitucionalidad" del sistema de retenciones móviles a las exportaciones del agro porque "afecta la  coparticipación federal de impuestos".

Concretamente, en su demanda, el gobierno provincial pidió la inconstitucionalidad de "todos los derechos de exportación que hayan sido establecidos por el Estado nacional a partir del 1º de enero de 2002".

Sin embargo, el reclamo comprende a las actuales retenciones fijadas por el Gobierno Nacional, a raíz de las cuales se abrió una disputa con el sector agropecuario, aunque también se refieren a todas las aplicadas con posterioridad a la caída del ex presidente de la Alianza Fernando De la Rúa.

El reclamo
Según la demanda, las retenciones causan "efectos distorsivos" en la economía y "desalienta a los sectores productivos más dinámicos del país".
 
Además, el estado provincial calificó de "unitarias y antidemocráticas" las medidas adoptadas por el gobierno central, y violatorio del "federalismo fiscal territorial".

"El ejercicio abusivo del poder fiscal en materia de derechos de exportación por parte del Estado Nacional constituye una burla o desnaturalización del sistema de coparticipación tributaria federal", agregaron en el escrito.

Incluso afirmaron que es "potestad exclusiva del Congreso de la Nación fijar tributos y legislar en materia aduanera", y así consideraron que "ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisión del Jefe de Gabinete pueden crear válidamente una carga tributaria ni definir o modificar, sin sustento legal, los elementos esenciales de un tributo".
Fuente: NA
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