Ante una nutrida concurrencia que se dio cita en el Salón Azul del Congreso de la Nación, Eugenio Zaffaroni se refirió a las reformas pendientes en el Código de Justicia Militar.

La presentación de la disertación estuvo a cargo de la senadora por Mendoza (FPV) Marita Perceval quien destacó la presencia del expositor invitado por la Comisión de Defensa Nacional del Senado.

Durante su exposición, el magistrado señaló que "a lo largo de estos años hubo algunas dificultades, el Código de Justicia Militar presenta un problema histórico institucional grave y es la discusión en torno a la llamada Ley Marcial”.

“Desde el siglo diecinueve que se viene discutiendo la posibilidad de la Ley Marcial en el país. Esta ley es de origen británico según la cual queda suspendida la vigencia del derecho. En este sentido, fue Mitre quien dijo que esto era inadmisible en el derecho argentino y se adoptó la forma de Estado de Sitio de origen francés".

Sobre el derecho de defensa, el ministro de la Corte sostuvo que la Argentina "no tiene ley marcial" y agregó que "se abusó de esta institución, se desconocieron los propios límites legales de la institución y con el pretexto de que esto era efectivamente una ley marcial, se cometieron una cantidad innumerable de abusos y atropellos".

Zaffaroni ejemplificó este tramo de su alocución, citando los fusilamientos y las muertes ocurridas en 1931 durante la dictadura de Uriburu "las consecuencias fueron graves, ya que quien tomó la defensa –teniente Franco- fue sancionado y tuvo que exiliarse en Bolivia. Esto revela la gravedad de la afectación del derecho de defensa".

Asimismo, Zaffaroni dijo que "se da cuenta que hay una contradicción tremenda e irreductible que la doctrina nunca logró resolver; sino que esta legislación ha servido para cubrir una serie de episodios tremendamente lamentables".

Pedido de reforma
Agregó el pensador argentino que este es el momento de pasar en limpio todas estas contradicciones, de reconocer la ciudadanía a los soldados y de darle a éstos los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos de la Nación Argentina "y que es tener un defensor de confianza si alguna vez se les imputa un delito y de ser sometidos a un juez independiente. Además, de que no estén sometidos a la amenaza de sanciones disciplinarias por parte de ningún poder del Estado".

Por otro lado, sostuvo que el "viejo" Código de Justicia Militar es tremendamente generoso en el reparto de previsiones de pena de muerte. Si bien la medida se ha usado poco (la última vez fue en 1934 o 1935) en las estadísticas internacionales o cuando se menciona a países abolicionistas o que mantienen la pena de muerte aparecemos nosotros; cuando no la usamos ni aplicamos".

Eugenio Zaffaroni agregó que desde los años 80, la llamada "jurisdicción militar" perdió importancia. "Los casos que hoy maneja la justicia militar son escasísimos".

Agregó el magistrado que ante la ratificación y jerarquización constitucional de los tratados internacionales de los derechos humanos, “estamos sometidos a la competencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos de Costa Rica” y explicó que "ante la Comisión se planteó el problema respecto al derecho de defensa y al derecho de ser juzgados por jueces independientes y se llegó a un acuerdo de reformar la legislación penal militar argentina; de lo contrario seríamos sometidos al procedimiento contencioso, pasaríamos a la Corte Interamericana con las consecuencias que todos conocen: llevaríamos todas las de perder, porque es indefendible la limitación o negación casi del derecho de defensa del militar argentino".

Como cierre de su exposición, el ministro de la Corte de Justicia Nacional dijo que " reformar la legislación penal militar, compatibilizarla con nuestra Constitución de 1853 y los tratados internacionales es una tarea pendiente a lo largo de muchos años”.

“Siempre he visto la legislación penal militar como algo que era absolutamente incompatible con nuestro sistema jurídico y las primeras víctimas de esa legislación penal militar eran los propios militares. La arbitrariedad a la que podían ser sometidos a esa legislación es absolutamente innegable”.

“Por fin, después de muchos años, se está pensando en pagar esa deuda y en completar nuestra organización reconociendo nada menos que los derechos de ciudadanía de nuestros soldados", agregó.