2 de Diciembre
Martes 11 de Marzo de 2008
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La Fiscalía pidió archivar una de las causas contra Miceli
Miguel Angel Osorio se pronunció a favor de desestimar una denuncia presentada contra la ex ministra de Economía por haber incumplido una sentencia que obligaba al Estado a abonar una deuda contraída con el Grupo Greco
La solicitud para desestimar y archivar la denuncia a la que tuvo acceso Infobae.com fue realizada por el fiscal ante el juez de la causa, Sergio Torres, en el marco del expediente en el que el Grupo Greco reclama una indemnización de casi 600 millones de pesos en bonos que ordenó un juez del fuero civil y comercial.

De acuerdo con la denuncia formulada por una integrante del Grupo Libertad -Graciela Bassil - los imputados, entre los que se encuentran Miceli y otros funcionarios del ministerio de Economía, habrían incumplido la sentencia dictada el 11 de agosto de 2005 a favor del Grupo.

Para el fiscal, "el incumplimiento de lo ordenado por el juez no puede ser considerado un delito. No entenderlo así, podría implicar que el incumplimiento de cualquier obligación civil, comercial, laboral, terminara como objeto de un proceso penal".

En relación con el supuesto delito de desobediencia, el fiscal consideró que "la doctrina se ha manifestado en numerosas ocasiones afirmando que no todo incumplimiento de una decisión judicial puede ser catalogado como tal".

Si bien el fiscal recomendó la desestimación de la denuncia "por inexistencia de delito", dejó a salvo la posibilidad de que se abra en un futuro una nueva investigación en caso de aportarse nuevos elementos probatorios.

El Grupo Greco era un poderoso holding de empresas y actividades financieras que fue liquidado por la dictadura. Luego, el gobierno de Raúl Alfonsín dispuso que debía ser indemnizado por el desapoderamiento. Pero como el Grupo nunca cobró esa plata, demandó al Estado y logró obtener una sentencia favorable.

La entonces ministra Miceli, en septiembre de 2006, le pidió al Congreso una autorización de nuevo endeudamiento por casi 600 millones de pesos en bonos de consolidación, por lo que Diputados aprobó el proyecto. El mismo fue frenado en el Senado y Miceli revocó los actos por los cuales se iba a pagar al Grupo, tras lo cual ella misma denunció a los abogados que firmaron decisiones en ese sentido.

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