7 de Enero
Martes 11 de Marzo de 2008
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Masacre de Trelew: piden las detenciones de militar y civil
El secretario de Derechos Humanos de la Nación anunció que pedirán la detención de un militar retirado y de un civil con responsabilidad institucional en 1972. Ese año, 16 militantes de izquierda fueron asesinados
Masacre de Trelew
Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, dijo que pedirán se detnga a un militar retirado y a un civil con responsabilidad institucional en 1972, cuando se produjo la masacre de Trelew, donde mataron a 16 militantes de izquierda, en la base Almirante Zar.
 
Duhalde indicó que "el pedido está dirigido contra el Brigadier Mayor (R) Ezequiel Martínez, quien era secretario de la junta militar de entonces, cuando se tomó la decisión de disparar contra los presos políticos detenidos en la base Almirante Zar de Trelew".
 
Además, el funcionario solicitó que "sea detenido por la misma causa Eduardo Aguirre Obarrio" entonces ministro de Defensa, durante el Gobierno del presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, sobre quien se solicita "sea arrimado a la causa por el delito de omisión".
 
El anuncio sobre las medidas solicitadas por Duhalde en su carácter de querellante fue brindado en conferencia de prensa, donde el secretario de Derechos Humanos adelantó que "también se aportarán pruebas documentales importantes para la causa".
 
Prisión preventiva para detenidos
El juez Hugo Sastre determinó la prisión preventiva de los imputados Luis Emilio Sosa, Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino, Rubén Paccagnini y Horacio Alberto Mayorga.
 
Además, la resolución traba embargos millonarios contra los bienes de los imputados y dispone que, excepto Marandino, los ex oficiales de la Armada sean trasladados a la cárcel 2 de Marcos Paz.
 
Ante esto, Duhalde calificó como histórica para la justicia argentina la decisión del Juez Federal de Rawson, Hugo Sastre, al tiempo que la destacó como profunda y rigurosa, sólidamente razonada y fundada de acuerdo a las reglas de la sana crítica de la resolución judicial.
 
Duhalde rindió homenaje a los tres sobrevivientes que "no callaron y en las peores circunstancias sostuvieron la verdad de lo ocurrido hasta que fueron asesinados o desaparecidos (en la última dictadura), y también a los familiares de las víctimas que, durante más de tres décadas, exigieron justicia".
 
Igualmente señaló la "inquebrantable voluntad política del Gobierno nacional de avanzar en esta y en todas las causas donde se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad, hasta su total esclarecimiento". 
 
A su vez, destacó "la firme decisión de la Ministra de Defensa Nilda Garré, para que se aportaran los documentos y legajos de los marinos imputados, localizados en la Armada Argentina", como también el impulso y apoyo brindados a la acción de la Secretaría de Derechos Humanos, en esta causa por parte del Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández.
 
Finalmente, expresó su "beneplácito, porque el Juez Sastre hiciera lugar al pedido que le formulara esta querella: enviar a cárcel común a los procesados, sin disponer a su favor el arresto domiciliario", ya que es "el único modo -dijo Duhalde- de garantizar la vida de los detenidos y al mismo tiempo de permitir que la justicia pueda llegar a pronunciar una sentencia".

Uno en los Estados Unidos
El fin de semana se conoció que el único represor fugitivo, el ex teniente de navío Guillermo Bravo, dirige una compañía que provee de servicios médicos a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por montos millonarios.

Sobre Bravo pesa una orden de captura internacional y está acusado de ser uno de los máximos responsables de los asesinatos de los 16 guerrilleros en la base Almirante Zar de Trelew, en 1972.

Según publicó el diario El Nuevo Herald, las fuerzas militares norteamericanas le adjudicaron en 2007 a la empresa de Bravo un contrato por casi u$s90.000 para "reclutar técnicos en genética molecular".
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