Se trata de una resolución firmada en las últimas horas por la ministra de Defensa, Nilda Garré, y por medio de la cual se ordena que en los próximos 30 días se apliquen limitaciones a efectivos procesados

La resolución 208 firmada por Garré menciona entre sus considerandos el hecho de que el Ministerio de Defensa ha recibido "denuncias de mujeres por la violencia ejercida por sus cónyuges o parejas", y "denuncias contra personal militar (oficiales y suboficiales) por el uso abusivo de armas y violencia interpersonal".
El documento destaca que, en consecuencia con los casos detallados anteriormente, "cualquier situación de violencia se ve agravada por la tenencia, portación y traslado de las armas reglamentarias".
Según destaca un comunicado de prensa del ministerio, la norma rubricada por la ministra subraya que la autorización para la adquisición, tenencia y portación de armas por parte de los legítimos usuarios, es decir miembros de las FF.AA., Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, "será concedida por el Comando General de la Fuerza a la que pertenezca el interesado o del cual dependa el organismo en que reviste, y se fundará en el estudio de los antecedentes personales y militares del peticionante".
También resalta la resolución mencionada "que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los Estados Miembros legislar adecuadamente sobre la violencia contra la mujer, asegurando que la violencia intrafamiliar causada o tolerada por agentes de Estado sea debidamente investigada, procesada y sancionada".