Definió que los traficantes de drogas debieran obtener un sello oficial del gobierno sobre la heroína, la cocaína y la marihuana que venden a hombres, mujeres y niños adictos en Nueva York.
 
Los críticos lo consideraron "ridículo"; preguntaron qué estaría fumando el gobernador y llamaron a la medida "impuesto coca-marihuana".
 
La autorización de un gramo de marihuana costaría u$s3,50, mientras que el gramo de cocaína tendría su sello por u$s200. Incluso Spitzer propuso "confidencialidad" a los traficantes que "voluntariamente" llegaran a las oficinas del gobierno para buscar sus sellos fiscales y pagar. Los críticos afirman que viola la ley entera y no sólo autoriza el tráfico.
 
Cualquiera que se encontrara vendiendo drogas sin el sello debería obtenerlo y pagar el impuesto. La medida de gravar actividades ilegales tuvo auge en los 80 y 90, luego de haber nacido para operaciones típicas de la mafia. Hubo en algunos estados medidas similares para clubes de striptease.
 
En cuanto a las actividades de la mafia, se trataba de otro tipo de delito y además, afirma en Miami Herald Joseph Henchman, consejero impositivo de la Tax Foundation, "si quiere ser duro con las drogas, que aumente las penas".
 
Algunos detractores se preguntan si la prostitución será la siguiente actividad en vista de Spitzer.
 
Henchman afirmó que así se envían mensajes confusos a la población: "Cuando uno grava algo, es un modo del gobierno de decir que podés tenerlo, lo autoriza, y a la vez, un modo del gobierno de decir 'nosotros queremos una parte de eso'. Está enviando una señal mezclada". Mientras, el impuesto a las drogas ya forma parte del proyecto de presupuesto 2008-09 para Nueva York y Spitzer calcula ganar con esto, según el Watertown Daily Times, unos u$s13 millones.