El gremio de los municipales porteños denunció este martes al Ejecutivo comunal ante la Justicia por incumplir la medida cautelar librada por la jueza Elena Liberatori en torno de la administración de la obra social de la Ciudad, ObSBA.
 
"Con esa resolución (el Ejecutivo) está incumpliendo la medida cautelar. Hoy presentamos la denuncia ante la Justicia", precisó Ferro, en alusión al fallo de Liberatori que circunscribió el accionar del interventor al proceso de desregulación de la obra social y dejó la administración de la entidad en manos del antiguo directorio.

El letrado explicó que la denuncia será evaluada por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Juan Vicente Cataldo, quien quedó a cargo del juzgado número 1 en ausencia de Elena Liberatori, actualmente de vacaciones.
Cataldo deberá ahora "dar traslado" de la denuncia al Gobierno  porteño, es decir, notificar a la administración macrista y fijarle un plazo para que presente su descargo para luego resolver sobre el conflicto.

Si los plazos se demoraran, la resolución sobre el tema podría recaer nuevamente en manos de Liberatori -quien retomará su actividad el 31 de enero-, una jueza que dictó en las dos primeras semanas del año tres fallos adversos al macrismo.
 
Fuentes de la administración comunal consultadas por NA admitieron que "por ahí" la disposición de Mauricio Macri "se pisa" con el fallo de Liberatori, pero advirtieron que el interventor seguirá "en acción" a pesar de la "nebulosa judicial".

Es que los fallos de la magistrada fueron apelados por la comuna, lo que abrió un compás de espera, mientras resuelve la Cámara de Apelaciones.
"El interventor entró en acción. Que no piensen que mientras exista esta nebulosa judicial no vamos a hacer nada. (Rey) no se quiere dejar condicionar y va a actuar, con toda la autoridad que le dimos", advirtieron en la administración macrista.

A través de la resolución 2637, publicada el viernes último en el Boletín Oficial, el Ejecutivo porteño instruyó a Rey para que notificara a las gerencias y direcciones generales de la obra social que "toda orden de pago, compra o contratación debe tener el previo conocimiento fehaciente" de la intervención.

Esas gerencias y direcciones generales quedaron a cargo de dirigentes del gremio de municipales, conviviendo con la intervención por disposición de Liberatori, en lo que Mauricio Macri calificó de "disparate".

En ese marco, el pedido de Rey para que el área administrativa detalle el flujo de fondos, las sumas adeudadas al personal médico y auxiliar, y una copia del presupuesto y balance de 2007 fue leído por el gremio como "incumplimiento" de la medida cautelar. Además, el interventor solicitó una nómina del personal de la ObSBA, las tareas que realiza, su régimen horario y sus obligaciones laborales, un detalle de los poderes vigentes, un listado de los juicios y reclamos y la información sobre las dependencias y juzgados donde se tramitan esos procesos.

Incluso, le requirió a la gerencia de compras el registro de proveedores y el área de personal deberá precisar el número detallado del total de afiliados, discriminando por categorías. Según prevé el interventor, el cumplimiento de estas medidas debería ser controlado por la Auditoría General de la Ciudad.