La Cámara de Casación confirmó que los militares deben continuar detenidos en sedes militares, pero con custodia del Servicio Penitenciario Federal, mientras tanto, los querellantes en causas por derechos humanos aguardan la respuesta de la justicia federal al pedido para que sean enviados a cárceles comunes.

En un fallo dictado el viernes pasado pero que se conoció hoy en Tribunales, la Cámara de Casación Penal rechazó recursos para que se revisara una decisión de la Cámara Federal que dijo que los represores deben continuar alojados en los mismos centros militares donde se encuentran actualmente, pero con la custodia del servicio penitenciario federal que tienen los presos comunes.

Ese fallo de la Sala II de la Cámara de Casación se aplica respecto de los imputados Jorge Acosta, Raul Scheller, Carlos Capdevilla, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Manuels Garcia Tallada, Oscar Montes, Alfredo Astiz y Juan Azic. En esa lista también estaba el ex prefecto Héctor Febres, cuya muerte en Prefectura, zona Delta, donde se encontraba alojado, está siendo investigada por la justicia federal de San Isidro.

De acuerdo a la resolución, Casación rechazó un recurso de queja interpuesto por los defensores de Sheller y Capdevilla para que revoque la decición de cambiar la custodia de los represores, que ahora quedará en manos de los agentes penitenciarios federales.

También rechazó un recurso de los querellantes de la ESMA representados por el abogado Rodolfo Yanzón para que los acusados sean derivados a establecimientos carcelarios comunes.

En tanto, Yanzón le pidió hoy nuevamente al juez federal Sergio Torres que envíe a los detenidos a las cárceles comunes, lo que sería resuelto en las próximas horas por el magistrado, según confirmaron fuentes judiciales.

En diciembre de 2005, la Cámara Federal, por "cuestiones de seguridad", rechazó el traslado de los represores a las cárceles comunes, tal como lo reclamaba una demanda presentada por una parte de los organismos de derechos humanos querellantes en la megacausa de la ESMA.

En cambio, la Cámara dispuso la custodia pasará de las Fuerzas Armadas al Servicio Penitenciario Federal.

De todas maneras esta resolución, que fue confirmada el viernes por Casación, no se encuentra firme ya que aún queda pendiente un recurso extraordinario para que la cuestión vaya a a la Corte Suprema, quien tiene la última palabra.

De quedar firme el fallo, la función de custodia, guarda y ejecución de las  sanciones penales estará en manos del SPF, cuyos hombres deberán instalarse en las sedes militares para cuidar a los imputados.

Por otra parte los querellantes aguardan que los acusados sean cambiados de los lugares de detención donde se encuentran actualmente.

Astiz, está alojado en la Base Naval de Zárate, Jorge "el Tigre" Acosta, en Campo de Mayo; Scheller, Carlos Capdevilla, Adolfo Donda y Antonio Pernías, alojados en la Base Naval Río Santiago; Azic, en un geriátrico de Lanús, y García Tallada y Montes, con prisión domiciliaria.