La tensión entre el oficialismo y la oposición en Bolivia creció aún más al cabo del paro que realizaron seis de las nueve regiones del país, con una nueva convocatoria a una huelga de hambre desde el lunes contra el Presidente

El presidente del comité cívico de Santa Cruz, el empresario Branco Marinkovic, junto al prefecto, Rubén Costas y el alcalde de esa ciudad, Percy Fernández, lanzaron la convocatoria a asumir nuevas medidas de presión.
De esta forma, llamaron a todos los gobernadores, dirigentes cívicos y a miembros de la Asamblea Constituyente a iniciar una huelga de hambre "nacional e indefinida", la "resistencia civil" y hacer denuncias en foros internacionales sobre la situación de Bolivia.
La propuesta de huelga de hambre fue secundada por el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, mientras que el portavoz de la gobernación de Cochabamba, Erick Fajardo, dijo que la medida aún debe ser analizada en una reunión de las seis regiones citadas.
Marinkovic sostuvo que "no bajarán los brazos" frente a la decisión del oficialismo de haber aprobado en el Congreso, sin la oposición, una ley sobre un bono de vejez que se pagará con un recorte al presupuesto de todas las regiones.
También cuestionan la ley que autorizó a la Asamblea de cambiar la sede de sus debates desde la ciudad de Sucre a cualquier otra región.
El paro
La medida de fuerza vivida en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca fue declarada un "éxito" por sus convocantes, mientras que el Gobierno la tildó de un "fracaso".
Las regiones rebeldes suman el 80% de la economía del país, casi dos tercios del territorio y el 58% de los casi diez millones de bolivianos.
Los incidentes
El incidente más violento se produjo en la ciudad amazónica de Cobija, en Pando, donde la casa del senador suplente Abraham Cuéllar, acusado por opositores de "venderse" al oficialismo, fue quemada por una turba.
También hubo bloqueos de carreteras en Santa Cruz y choques entre los oficialistas y opositores en Cochabamba.
Los conflictos se agravaron el fin de semana cuando el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) instaló la sesiones de la Asamblea Constituyente en un colegio militar de Sucre, en un clima de violencia que cobró la vida de tres personas y 300 heridos.
El foro aprobó en primera instancia la nueva Carta Magna con la que Morales pretende "refundar" Bolivia, aunque ha sido rechazada por los líderes de los seis departamentos que hicieron la huelga.