01-11-07 | Política
Reabren una mega causa penal por el corralito
La Justicia reabrió la investigación a ex funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central por una presunta "connivencia" con las autoridades de las entidades bancarias por la no restitución de los depósitos de los ahorristas
Ahorristas en Tribunales
La resolución a la que tuvo acceso Infobae.com fue dictada por la Sala II de la Cámara Federal porteña al revocar una resolución del ex juez Guillermo Montenegro que había dispuesto el archivo parcial de la causa por "inexistencia de delito" y decretó la incompetencia respecto de las conductas atribuidas a las autoridades bancarias.
La Cámara ordenó distintas medidas, entre ellas la realización de un peritaje contable, el libramiento de oficios y declaraciones testimoniales a fin de evaluar si los banqueros y el Banco Central "hubieran sido los generadores, en sus respectivos ámbitos de incumbencia, de la crisis de solvencia y liquidez suscitada".
La causa, que cobró notoriedad a partir de las megacitaciones a banqueros que hizo el entonces juez Mariano Berges, fue impulsada en el fuero federal por los fiscales Jorge Di Lello y Gerardo Pollicita, quienes requirieron la investigación contra los bancos, las autoridades de la Superintendencia de Entidades Financieras y el Directorio del Banco Central.
La Cámara sostuvo que no el juez no efectuó medidas de prueba "a pesar de los insistentes escritos presentados por las partes para lograr un avance en la investigación".
"La resolución del juez de grado que sin una mínima investigación pretende archivar parcialmente estas actuaciones en punto a la supuesta connivencia entre autoridades bancarias y funcionarios públicos, y decreta la incompetencia del Tribunal en razón de la materia, respecto de las conductas endilgadas a los primeros por la no restitución de los depósitos, carece de toda base fáctica que la sustente y olvida que también resta investigar la falta de control que se les atribuye (a los funcionarios públicos) por lo que habrá de ser revocada", dice el fallo.
La Cámara ordenó distintas medidas, entre ellas la realización de un peritaje contable, el libramiento de oficios y declaraciones testimoniales a fin de evaluar si los banqueros y el Banco Central "hubieran sido los generadores, en sus respectivos ámbitos de incumbencia, de la crisis de solvencia y liquidez suscitada".
La causa, que cobró notoriedad a partir de las megacitaciones a banqueros que hizo el entonces juez Mariano Berges, fue impulsada en el fuero federal por los fiscales Jorge Di Lello y Gerardo Pollicita, quienes requirieron la investigación contra los bancos, las autoridades de la Superintendencia de Entidades Financieras y el Directorio del Banco Central.
La Cámara sostuvo que no el juez no efectuó medidas de prueba "a pesar de los insistentes escritos presentados por las partes para lograr un avance en la investigación".
"La resolución del juez de grado que sin una mínima investigación pretende archivar parcialmente estas actuaciones en punto a la supuesta connivencia entre autoridades bancarias y funcionarios públicos, y decreta la incompetencia del Tribunal en razón de la materia, respecto de las conductas endilgadas a los primeros por la no restitución de los depósitos, carece de toda base fáctica que la sustente y olvida que también resta investigar la falta de control que se les atribuye (a los funcionarios públicos) por lo que habrá de ser revocada", dice el fallo.
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