"El poder judicial boliviano se ve afectado por una injerencia política que desde la llegada de Evo Morales al poder se ha visto agravada y que pone en riesgo el sistema democrático", dijo ayer Edwin Rojas Tordoya, presidente del Colegio, que ha presentado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Rojas compareció ayer en una audiencia ante la CIDH en Washington, al igual que representantes del gobierno boliviano, los cuales aseguraron que "nunca ha existido un ánimo de agredir al poder judicial".

Desde la llegada al poder de Morales se han reducido los salarios de los magistrados hasta en un 50 por ciento y se ha llevado a cabo una masiva campaña mediática de desprestigio del poder judicial, afirmó, por su parte, Rojas.

Según la demanda presentada por el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, el Gobierno de Morales ha violado todo tipo de procedimientos legales y democráticos para llevar a juicio a cuatro de los cinco miembros del Tribunal Constitucional del país y obligarles así a que dimitan de su cargo.

Los jueces, que según declaró Rojas van a solicitar audiencia con la CIDH, aseguran que el gobierno ha ido demasiado lejos y ha llegado incluso a amenazar su integridad física y a enviarles amenazas de muerte.

Según los demandantes, este acoso judicial comenzó hace cuatro meses y se trata del tercer intento del Gobierno de controlar instituciones del poder judicial, como el Tribunal Supremo.

"Ahora, con el enjuiciamiento de estos jueces los bolivianos nos hemos quedado sin el órgano máximo protector de los derechos humanos y constitucionales", apuntó Rojas.

Los representantes del gobierno, encabezados por el vice ministro Héctor Arce, subrayaron, por su parte, que Morales concede gran importancia papel del Tribunal Constitucional.

"Somos conscientes de la importancia del Tribunal Constitucional para la vigencia del estado demócrata y por eso se les ha pedido que colaboren en la profunda transformación que está sufriendo el país", apuntó Arce.

Al final de la exposición de ambas partes, los peticionarios pidieron además a la CIDH que realice una visita a Bolivia para que observe la situación del poder judicial.