Además de la imputación hecha por el juez Guillermo Tiscornia, ahora se acusa a la ministra de Defensa de defraudación contra la administración pública en la venta de armas al exterior

Una legisladora del PRO llegó hasta el despacho del juez Ariel Lijo argumentando que la funcionaria suscribió una operación ruinosa para el Estado.
A diferencia de la anterior investigación, en el fuero penal y económico que pretende dilucidar si hubo evasión fiscal- ahora se busca esclarecer las responsabilidades penales de la ministra.
La diputada Nora Ginsburg sospecha que las reiteradas ventas al exterior a costos reducidos tenía como último objeto la subfacturación, generando así una matriz de corrupción.
Mediante la denuncia, se le pide al magistrado que solicite al ministerio de Defensa dictámenes específicos y legales sobre la negociación, recordando que la titular de la cartera dijo públicamente no conocer qué es un fusil FAL.