El diputado señaló que "ahora están tipificados en el Código Penal" los delitos vinculados con acciones terroristas.

"No teníamos una ley con una caratulación o tipificación del delito terrorismo internacional", agregó.

Estas palabras llegaron luego de que la cámara de Diputados aprobara el proyecto que otorga penas de hasta 20 años de reclusión y multas equivalentes a veinte veces el valor de lo utilizado en las acciones criminales

Con la sanción de esta ley, la Argentina evitó ser incluida entre los países "no confiables" para las naciones que integran el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Rossi señaló que "en materia de protocolos (la nueva tipificación) nos permite trabajar con coordinacion para que no ocurran estas situaciones" al referirse a los ataques a la AMIA y la Embajada de Israel.

El diputado también explicó que "hemos trabajado en la adecuación de normativa para evitar acciones de lavado de dinero y tipificar el terrorismo internacional con la caratulación de asociación ilícita".

"La ley es taxativa. Tiene que estar fundamentado el delito en el accionar bandas impulsadas por odios étnicos, raciales y políticos. Además, debe contar con una conexión inetrnacional identificable, deben poseer un nivel de armas de alto calibre", completó.
"Ahora cualquier juez de la Argentina podrá determinar si un delito se trata de terrorismo internacional", señaló.

El proyecto fue aprobado -en general- por 102 votos a favor y 35 en contra.
Al momento de aprobarse la norma, desde las gradas, donde se encontraba la dirigente de la línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, y la ex diputada Patricia Walsh, se escucharon expresiones de rechazo.

La presidente de la comisión de Legislación Penal, Rosario Romero, defendió el proyecto al señalar que "busca poner a tono" la legislación argentina "con los estándares internacionales y los compromisos" asumidos por el país.

Además, expresó que el proyecto busca penar "la financiación de actividades terroristas", como así también "las asociaciones ilícitas terroristas", "el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivos" y amplía "las competencias de la Unidad de Información Financiera (UIF)".

Romero también salió al cruce de las críticas de los partidos de izquierda y organismos de derechos humanos, que sostienen que la norma abre las puertas para la represión de la protesta política y social. "Estamos tipificando y cerrando de tal manera que nadie puede sostener que va a apuntar a reprimir algún tipo de protesta social", expresó.

La norma dispone la "prisión y reclusión de 5 a 15 años, al que recolectare o proveyere bienes o dinero para financiar una asociación ilícita" como las descriptas en las norma.

La diputada del PRO Nora Ginzburg expresó la disidencia total de su bloque porque, según dijo, "no cumple en nada los estándares internacionales y no va a servir para reprimir ningún tipo de terrorismo".

En contra del proyecto también fueron, aunque con otros argumentos, el bloque del ARI, el Socialista, Concertación Entrerriana, el ex zamorista Carlos Tinnirello y el kirchnerista Miguel Bonasso.

La norma considera que el acto terrorista debe reunir las siguientes características: tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; estar organizado en redes operativas internacionales; y disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas.