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El martes de la semana pasada, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo que en su país "se violan los derechos humanos como nunca antes en la historia". Solo un ignorante puede sostener que Ortega es de derecha, agente del imperialismo, o antichavista. Fue designada en su puesto, justamente, por Hugo Chávez. Y, en el mismo reportaje, fue muy dura con Mauricio Macri. Ortega es odiada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, porque en la página oficial del Ministerio Público detalló, uno a uno, los asesinatos que produjo la Guardia Nacional Bolivariana contra manifestantes en las calles de Venezuela.

Se trata de una mujer valiente. Siempre es difícil denunciar a un poder totalitario. Pero mucho más cuando alguien ha pertenecido a ese mundo y la denuncia, además de un riesgo para su integridad física, implica el aislamiento social y personal.

El fin de semana, la ACNUR, que es la dependencia de las Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados en todo el planeta, informó que de ningún país del mundo llegan tantos pedidos de asilo como de Venezuela. El exilio venezolano es un fenómeno masivo y nuevo en América Latina. Los habitantes de Buenos Aires lo sabemos cuando entramos a bares y negocios del centro: su tonada ya es habitual. Solo una mala persona puede no conmoverse frente a un fenómeno tan visible.

Este domingo, muchos se sorprendieron al ver, en varias esquinas, larguísimas colas de exiliados votando en contra de Maduro. La paradoja es tremenda: en los setenta, Venezuela recibía a los perseguidos argentinos. Ahora, es al revés. El drama se hace más triste cuando se percibe que muchos de los exiliados de entonces, ignoran a los de ahora.

Solo un bruto puede sostener que la ACNUR está controlada por el imperialismo: cualquier mínima investigación revela la manera en que se pone al servicio de los desterrados de cualquier régimen político que viole los derechos humanos.

En Venezuela, hay una crisis sanitaria angustiante. No lo informó la CIA. En el mes de mayo, la ministra de Salud de Maduro, Antonieta Caporale, difundió que la mortalidad infantil había aumentado un 30 por ciento en el último año, y la materna un 65 por ciento. La reacción de Maduro ante la información fue rápida y terminante: la echó del Gobierno. Caporale sigue, hasta el día de hoy, difundiendo consignas a favor de su ex jefe en las redes sociales. Su cuenta de Twitter abre con una foto de Hugo Chávez. "18 años de la Revolución Bolivariana iniciada por nuestro Comandante Eterno: sendero de paz y amor irreversible para el pueblo!", se lee allí.

Las violaciones a los derechos humanos tampoco son un invento del pentágono. Quienes las difunden por el mundo son los mismos organismos de derechos humanos que cobijaron, en su momento, a las víctimas de la dictadura militar argentina. Erika Rivas, directora para las Américas de Amnesty International, sostuvo: "En Venezuela se violenta toda la gama de derechos humanos. Derechos económicos, sociales, culturales, las libertades fundamentales, el derecho a la asociación, la libertad de expresión. Se está dando un contexto represivo y militarizado frente a las muestras de descontento social, donde además, se hacen detenciones arbitrarias como herramienta de control, de acallar las voces de la disidencia".

En los años setenta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA fue un instrumento clave para denunciar las desapariciones en la Argentina. A principios del mes pasado, la CIDH emitió un comunicado en el que "condena enérgicamente los operativos adelantados por fuerzas de seguridad del Estado, mayormente por cuerpos castrenses, en los últimos días en Venezuela, ante una escalada en la situación de violencia (…) que ha dejado decenas de personas fallecidas, cientos de personas heridas, y miles de personas detenidas". La Comisión Interamericana denuncia que, como método de intimidación, las fuerzas militares y policiales rodean barrios enteros, disparan balas lacrimógenas y luego los funcionarios entran a las casas de manera violenta y las desvalijan. La CIDH calcula en su comunicado que en las cárceles venezolanas hay 3500 presos políticos.

Ya en el 2014, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitió un informe estremecedor sobre violaciones a los derechos humanos: "El Comité expresa su alarma ante informaciones concurrentes que denuncian actos de tortura y malos tratos de personas arrestadas en el marco de las manifestaciones ocurridas entre febrero y julio de 2014. Dichos actos incluirían palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y amenazas…"

En Venezuela la policía, como en ningún otro lugar del continente, asesina a personas desarmadas en manifestaciones, apresa disidentes de a centenares, encarcela a dirigentes políticos opositores. El Gobierno cierra medios de comunicación y, en los últimos tiempos, además, suspendió todas las elecciones, desde que fue derrotado 70 a 30 en las parlamentarias. En un país democrático, cuando un Gobierno quiere reformar la Constitución necesita una mayoría especial en el Parlamento, y convoca a elecciones sin alterar las reglas de participación habitual. Maduro está haciendo todo lo contrario: la reforma constitucional es convocada solo por el Ejecutivo y la conformación de la asamblea reformista impide la representación proporcional de la voluntad popular. Todo esto se desarrolla en un país que, pese a tener una riqueza natural fantástica, padece una de las crisis humanitarias más graves del continente.

No hay manera de no verlo

Y, sin embargo, hay gente que no lo ve, o que aún no quiere verlo.

Si el régimen de Maduro todavía tiene espacio para sostenerse es por la inverosímil complicidad de un sector de la política latinoamericana que decidió bajar la bandera de la defensa de los derechos humanos, en un caso donde las violaciones son las más graves en años.

En la última reunión de la OEA, un grupo de países liderados por Bolivia y Ecuador bloqueó una sanción contra el régimen de Maduro. Desde que arrancó la represión, el PT brasileño produjo muestras de solidaridad, más o menos vergonzantes, con el gobierno venezolano. En su último Congreso, por ejemplo, recibió una delegación de la embajada venezolana. Lula Da Silva no habla del tema, algo que correspondería dado que en la última campaña electoral grabó un spot pidiendo que votaran por Maduro. Las principales muestras de solidaridad con Maduro en Buenos Aires se produjeron en el Instituto Patria, búnker de la fuerza política que lidera Cristina Kirchner, quien además, en su reciente gira por Europa, solo concedió una entrevista al canal estatal venezolano, Telesur, desde donde se justifica la represión. El kirchnerismo tiene una gran influencia en los organismos de derechos humanos de la Argentina, que en su mayor parte también callan.

No se entiende. Un método espantoso debería ser rechazado por cualquier persona de principios. Pero además es una cuestión de autopreservación: una vez convalidado, un método se puede aplicar contra cualquiera. ¿Qué derecho, por ejemplo, tiene Lula a criticar una sentencia judicial cuando toleró que un aliado encarcele a miles y asesine a decenas? ¿Con qué autoridad puede Cristina Kirchner pedir la liberación de Milagros Sala cuando coquetea con el dictador Maduro? Da Silva, Kirchner, Evo Morales son acusados por sus adversarios de ser émulos de Maduro. Es injusto. Durante sus gobiernos no hubo exiliados ni miles de detenidos políticos: es decir, fueron o son gobernantes democráticos. ¿Por qué no se diferencian en esto?¿Qué esperan para pronunciar el repudio que les sale tan fácil en otros casos? Si Venezuela es la izquierda, es lógico que nadie quiera ir hacia allí. ¿No se dan cuenta?

En Venezuela ocurrió lo que suele pasar cada vez que alguien sostiene que es necesario vulnerar las libertades públicas para producir una transformación social: lo único que se logra es terminar con la libertad y acentuar los problemas sociales, por más que en los principios del proceso haya algunos beneficios en este último terreno. No hay ningún ejemplo en el cual la instalación de un régimen dictatorial, con el argumento de que es la única vía para la transformación social, no haya derivado en una crisis humanitaria. Tarde o temprano, los dirigentes se degradan, amparados en la ficción de un poder absoluto en el espacio y en el tiempo. Y la crisis se hace más grave porque esa misma idea les impide pensar en la famosa alternancia con que la democracia resuelve sabiamente las tensiones sociales.

Durante casi sesenta años, estas discusiones giraron alrededor del modelo cubano, que había sido el máximo ejemplo de un Gobierno que subordinaba las libertades individuales, la "democracia burguesa", a la transformación social. Las evidencias de que el experimento no había funcionado, sobre todo luego de la caída de la Unión Soviética, se topaban siempre con un argumento que, por lo menos, encontraba algún asidero: el bloqueo norteamericano, necesariamente, jugó algún rol en la crisis económica y social de la isla. En el caso venezolano ni siquiera existe ese atajo. Nadie bloqueó a Venezuela, que vivió en la última década y media un boom gracias a su privilegiada riqueza petrolera. ¿Cómo se explica que este desastre, esta nueva dictadura latinoamericana, se instale en uno de los países más bendecidos del continente por su riqueza natural? En parte, por los teóricos de distintos lugares, entre ellos la Argentina, que defendían al régimen cada vez que daba un nuevo paso al abismo.

La construcción de sociedades más ricas y más justas es un proceso complejo y contradictorio. No parece que la prepotencia, el culto a la personalidad, la persecución a los disidentes, el antisemitismo, la tortura, el odio a los homosexuales, los límites férreos a la información, la militarización del Estado, la sospecha y el intento de silenciar cualquier crítica, sean métodos muy racionales para encararlos.