Nota escrita en colaboración con Leandro Moro

La severa situación que atravesó la economía argentina en la transición de gobierno a fines de 2015 y la mayor parte del 2016 energizó el debate en materia de política económica vistos los numerosos cuellos de botella que parecían difíciles de sortear, los cuales, dado el carácter urgente que ostentaban, se concentraron fuertemente en el corto plazo.

Así las cosas, como lo indica la teoría, la política fiscal debió atender el asunto más inmediato: revertir la fase recesiva del ciclo. De esta manera, el déficit fiscal se incrementó del 1,8% del PBI, y 2,4% en términos financieros para el 2015, al 4,3% y 5,9%, respectivamente, a fines de 2016.

En el mismo sentido, el Gobierno emprendió otra difícil batalla: la reducción de la inflación. A través de una política monetaria fuertemente restrictiva, costosa en términos de nivel de actividad, la base monetaria creció un 31,7% en 2016, mientras que la inflación fue de 40,3% de acuerdo con el IPC Congreso, a lo cual, si se le resta el 2,3% de la caída del nivel de actividad, se obtiene una contracción monetaria real del 6,3 por ciento. Además se impusieron restricciones a las transferencias al Tesoro por parte del BCRA, con un límite de 150 mil millones de pesos.

Esto último resulta no menor al momento de evaluar los canales de financiamiento del Tesoro, puesto que, de esta manera, se está renunciando a una fuente importante: el impuesto inflacionario.

Ahora bien, no hace falta ser economista para comprender que la estrategia de financiamiento actual de Cambiemos es la deuda externa. En números, al final del primer semestre del 2015, la deuda pública bruta del sector público nacional (SPN), en términos del PBI, era de 41,8%; a fines de 2016, este ratio se encontraba en 54,2%, con base en datos del Ministerio de Finanzas. Esto arroja un interrogante fundamental, ¿es sostenible esta estrategia?

Para dilucidar esta cuestión se debe abordar un tema central: la confianza de los acreedores, ya que en última instancia serán estos quienes pondrán una cota al caudal de dólares ingresados para solventar gastos. Consecuentemente, las numerosas giras diplomáticas llevadas a cabo por el Presidente han vuelto a generar la sensación de que Argentina es un país que está en vías de acomodar sus cuentas y, a través de un discurso de responsabilidad fiscal y promesas de ajuste, se consiguió recuperar la posibilidad de endeudarse afuera.

He aquí el eje de la cuestión. La realidad es que para los mercados financieros internacionales Argentina está catalogada como un "país de frontera", lo que implica que los compradores de deuda no le posibilitarán alcanzar un ratio deuda-PBI demasiado elevado.

Por otra parte, la sensación de ajuste, poco a poco, dato a dato, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, debería de diluirse. Esto implica que el Gobierno no estaría generando los recursos genuinos para afrontar sus obligaciones financieras en el mediano y largo plazo, lo cual razonablemente derivaría en un posible evento de sudden stop, ya que los agentes externos verían inviable la estrategia de política de endeudamiento y se cortaría el flujo de fondos.

En definitiva, el Gobierno tendrá dos opciones para resolver sus problemas de largo plazo. O bien aumenta sus recursos por señoreaje, lo cual parece difícil visto el férreo compromiso del BCRA por cuidar el valor de la moneda, o definitivamente enfrenta el problema del déficit fiscal. No solucionar esta cuestión implicaría que los costos incurridos en la cruzada antiinflacionaria habrán sido en vano, dado que, ante una eventual crisis de financiamiento externo, el Gobierno no tendrá otra alternativa que financiarse mediante emisión.

Para finalizar, es fundamental que se incorpore en esta discusión en la agenda oficial, ya que de no corregirse nos encaminamos a una certera situación de insolvencia, ante la cual nos hemos enfrentado en el pasado, y sabemos que los costos en términos de capital social, humano, físico y político son extremadamente altos y nos condenarán, probablemente, a otra decena de años de pérdida de bienestar.