Al paso que va la demolición de la Constitución, la Corte Constitucional quedará sirviendo para fallar si las corridas de toros son o no legales, si el pico y placa es exequible o no, si las multas por violación al código de policía son las adecuadas.

Porque lo que es su armazón, ya está hecho trizas. El proyecto de reforma política que se discute en el Congreso contempla, por ejemplo, establecimiento del voto obligatorio, ampliación del período presidencial, ciudadanía desde los 16 años, entre otras arbitrariedades que ni siquiera figuran en el Acuerdo Definitivo de Paz.

Algunos analistas sostienen que este proyecto no es más que una cortina de humo para tapar el escándalo de los dineros de Odebrecht en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Tiene todo el perfil para ser eso, el neodictador de Colombia se ha revelado como un hábil cortinero y apostador que no bien pierde una mano apuesta la que sigue con más osadía.

Sin embargo, no debemos descartar que, aun siendo una cortina, también puede llegar a convertirse en realidad y que, en consecuencia, en el 2018, no se realicen elecciones en aras de proteger la paz, implementar lo acordado y entrar en firme en el período de transición de 10 años del que habló el comisionado de paz Sergio Jaramillo que supone la realización de reformas extraordinarias y excepcionales (¿el golpe de Estado o fast-track es la fórmula?) para aclimatar "la paz territorial".

Este régimen y su líder han dado ya categóricas e inequívocas señales de que no les tiembla el pulso, que no tienen pudor ni vergüenza para demoler la casa desde los cimientos y levantar una nueva con quienes intentaron, vanamente, destruirla con las armas del terror.

Si alguien quiere saber hacia dónde está dirigiéndose nuestro país y apreciar cuánto sudor y lágrimas, destrucción y empobrecimiento, vidas y persecuciones nos tocará afrontar en los años venideros si no atajamos la trinca Santos-Timochenko, basta que miren la tragedia que vive Venezuela.

Con ese oscuro panorama en el futuro inmediato, todas las fuerzas políticas están obligadas a sentar una posición sobre lo que está ocurriendo desde que en el pasado mes de noviembre el aún presidente Santos anunció al país y al mundo la mentira de que con el apoyo de la dirigencia del "no" y luego de haber acogido sus recomendaciones, se había firmado un acuerdo definitivo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Al respecto, sólo hay tres formas de actuar ante tan grave coyuntura. La primera consiste en continuar con la implementación de estos acuerdos, darles vigencia por 10 años más, seguir imponiendo vía fast-track una nueva Constitución acorde con el mandato y el interés de los constituyentes usurpadores: este Gobierno sin límites ni controles y las FARC.

La segunda es que se abra camino la antipolítica impulsada por quienes han guardado cómodo silencio ante el desastre institucional como el fajardismo, o los que con sus votos han apoyado en el Congreso todos los proyectos golpistas y la reforma tributaria de un gobierno a cuya sombra han medrado y comido, acaudillados por la senadora que piensa enseñarnos que todo se soluciona a punta de gritos e histeria. Para ellos, que se creen puros, impolutos, inmaculados y ajenos a la política, basta con predicar la anticorrupción para que todo marche bien, la suerte de la Constitución y la impunidad de la paz santista nada les importa.

Y la tercera, y teniendo en cuenta que el régimen en vez de parar la arbitrariedad, en vez de frenar el atropello a las instituciones, quiere ir más y más lejos, consiste en levantar de nuevo la bandera de la resistencia civil, de la movilización ciudadana pacífica y democrática, saliendo a las calles, a las plazas públicas, a realizar marchas y plantones contra el golpe de Estado, por el restablecimiento del orden constitucional, por reversar los acuerdos onerosos para la sociedad y para el país, para evitar que Colombia caiga en manos del experimento del socialismo bolivariano en alguna de sus variantes, para tumbar la reforma tributaria y, en suma, recuperar la dignidad perdida.

Esta última supondría, de parte de las fuerzas del "no" del plebiscito, un gran consenso que lleve a la constitución de un Frente Republicano para salvar las libertades y la democracia en el entendido de que fue el Gobierno quien llevó las cosas a un terreno confrontacional sin dejar opción distinta a que la oposición acepte el desafío en los mismos términos.