La Físcalía de España pidió imputar a los alcaldes que organicen el referéndum independentista en Cataluña

El fiscal general español, José Manuel Maza, pidió este miércoles a los fiscales de Cataluña que citen como imputados a los alcaldes que cedan locales para el referéndum independentista convocado el 1 de octubre, mientras que el rey Felipe VI afirmó que la Constitución "prevalecerá sobre cualquier quiebra".

En este sentido, para cumplir el dictamen del Constitucional, Maza, en un oficio dirigido a los fiscales jefes de Cataluña, pidió que si los alcaldes no comparecen, se debe reclamar su detención. Además, ordenó que en la apertura de diligencias haya preferencia para aquellos que tengan más población.

En el comunicado, Maza advirtió que las conductas de las autoridades que apoyan en la organización del referéndum pueden constituir delitos de desobediencia, que implica multas; prevaricación, castigado con la inhabilitación, y malversación de caudales públicos, que puede es penada con hasta ocho años de prisión.

La instrucción de Maza adjunta la relación de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), han firmado decretos para poner a disposición del Gobierno regional de Cataluña los locales necesarios para llevar a cabo el referéndum independentista. Entre ellos figuran importantes poblaciones catalanas como Manresa, Vich o Gerona, aunque no está de momento Barcelona, la capital de Cataluña.

Ante este desafío, Felipe VI insistió en que la "convivencia democrática" alcanzada en España solo es posible "si las leyes que la regulan y organizan son atendidas y cumplidas por los ciudadanos y por las instituciones; si los derechos y libertades de los ciudadanos son tutelados y respetados por los poderes públicos".

El monarca insistió en que "los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados" frente a "quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria".

El discurso del rey se enmarca en el clima de tensión existente entre el Gobierno regional de Cataluña, que mantiene la convocatoria del referéndum de independencia pese a estar suspendido por el Tribunal Constitucional por considerarlo ilegal.

Por su parte, el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, acató el martes las órdenes de la fiscalía y pidió al cuerpo de seguridad que investigue el referéndum.

(Con información de EFE)

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