Chicago demandó al gobierno de Donald Trump por la política migratoria

El alcalde Rahm Emanuel ha llevado su lucha contra las políticas de inmigración del presidente Donald Trump hasta los tribunales, y Chicago se convirtió el lunes en una de las primeras urbes que demandan al gobierno federal por lo que muchas ciudades consideran pretensiones ilegales el retener subvenciones a las llamadas ciudades santuario.

La demanda de 46 páginas fue presentada en la Corte Federal de Distrito en Chicago un día después de que Emanuel la anunció, con la advertencia de que la ciudad no sería "chantajeada" para que cambie sus valores como una urbe hospitalaria con los inmigrantes.

Es un nuevo episodio de la batalla que libran varias ciudades estadounidenses contra el gobierno de Trump. Las ciudades han optado por restringir su cooperación con las autoridades de inmigración, mientras que funcionarios federales amenazaron con retenerles recursos relacionados con la seguridad pública si no acatan las disposiciones.

Ahora que la demanda ya fue entablada, el siguiente paso podría ser pedir a un juez que congele la política mientras se procesa el caso civil, dijo Edward Siskel, jefe del departamento legal del ayuntamiento. Esa solicitud de un interdicto preliminar podría presentarse en cuestión de días.

Chicago ha recibido las subvenciones que son materia de la demanda desde 2005. La ciudad canalizó 33 millones de dólares de las subvenciones a la compra de casi 1.000 vehículos policiales en ese período de 12 años. El año pasado recibió 2,3 millones de dólares. Además de vehículos, los recursos también se canalizaron para la adquisición de radios y equipo para el grupo de élite SWAT.

Aunque las subvenciones representan una fracción del presupuesto de seguridad pública de Chicago, Emanuel ha dicho que enfrentar al Gobierno en tribunales podría ayudar a impedir la retención de recursos después. Dijo que las medidas decretadas por Trump hasta la fecha son solo la punta del iceberg.

La demanda de Chicago se concentra en las nuevas condiciones que el secretario de Justicia, Jeff Sessions, impuso a las ciudades para que puedan recibir las subvenciones. Estas incluyen compartir con las agencias federales expedientes sobre la condición migratoria de las personas, avisarles con 48 horas de anticipación cuando un detenido será puesto en libertad en caso de que se sospeche que ha incurrido en infracciones de inmigración y permitir a los agentes federales acceso irrestricto a las prisiones.

"El Gobierno", según la demanda, no puede imponer "de manera unilateral" nuevas condiciones que no fueron aprobadas por el Congreso, "y eso federalizaría las prisiones y comisarías locales, ordenaría detenciones sin orden judicial para investigar infracciones civiles federales, sembraría el miedo entre las comunidades locales de inmigrantes y a la larga mermaría la seguridad de las personas en Chicago".

Las políticas de Chicago de ciudad santuario se remontan a mediados de la década de 1980, y los gobiernos posteriores han ratificado o ampliado las protecciones a los inmigrantes.

La policía local tiene prohibido permitir que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tenga acceso a personas detenidas, a menos de que pese sobre ellas una orden judicial de captura o tengan antecedentes penales graves.

Tampoco puede permitir que los agentes del ICE utilicen sus instalaciones para efectuar interrogatorios o investigaciones, y no debe responder a sus preguntas o hablar con ellos sobre el estatus de un detenido o su fecha de liberación.

Las autoridades de la ciudad afirman que las políticas contribuyen a que los residentes de la comunidad inmigrante informen a la policía cuando sean víctimas de delitos.

"Si Chicago se somete a las exigencias del Departamento, perdería décadas de confianza y buena voluntad que la fuerza policial local se ha ganado en las comunidades a las que sirve", según la nueva demanda. "Y como lo han mostrado décadas de experiencia, ese tipo de confianza, una vez que se pierde, se ha perdido siempre".

De acuerdo con la demanda, la afirmación del gobierno de Trump de que las políticas de inmigración indulgentes contribuyen al crimen "dista de la realidad".

La querella señala como demandado a Sessions, y pide que se eliminen las condiciones relacionadas con la inmigración cuando se soliciten las subvenciones.

Cuando se le pidió una reacción sobre la demanda, el portavoz del Departamento de Justicia indicó el lunes a The Associated Press que revisara las declaraciones previas de Sessions, incluyendo aquellas que dicen que las ciudades santuario son un peligro para la seguridad.

En marzo, el Departamento de Justicia envió cartas a funcionarios de California y de ciudades importantes, como Nueva York, Chicago, Filadelfia y Nueva Orleans, lugares que el inspector general del Departamento de Justicia ha identificado como urbes que restringen la información que la policía local puede facilitar a las autoridades federales de inmigración sobre las personas detenidas.

El departamento advirtió que el gobierno castigará a las comunidades que se rehúsen a cooperar con los programas para encontrar y deportar a inmigrantes que residan sin permiso en el país.

Sin embargo, algunas de las ciudades han mantenido su desafío a pesar del riesgo de perder recursos que las agencias policiales utilizan para costear desde cámaras corporales hasta chalecos blindados.

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