Santrich no aparece entre los indiciados por caso de narcotráfico y lavado de activos en el archivo de 2019

En medio de las investigaciones que se adelantan en contra del sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, acusado de narcotráfico, la emisora La W Radio reveló documentos en los que la Fiscalía General de la Nación responde a la solicitud de la Corte Suprema de Justicia sobre el estado de las averiguaciones en contra de Marín y otros involucrados en el caso. En dicha comunicación, el ente invesgigador señaló que Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, no aparecía como indiciado en el caso de tráfico de estupefacientes.

Según se lee en el documento, en junio de 2019, la Corte Suprema exigió a la Fiscalía informar de ‘manera inmediata’ los nombres de los indiciados en el caso, con lo que se refirieron, particularmente, al hoy fugitivo de la ley Jesús Santrich, quien tras someterse a los acuerdos de paz firmados por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, se dio a la fuga y volvió a las armas de la mano de Iván Márquez, el Paisa y otros disidentes para conformar el movimiento de la Segunda Marquetalia.

Cuando se habla de que Jesús Santrich no hacía parte de los indiciados durante 2019, se entiende que el ex integrante del partido político de las FARC no estaba siendo investigado por ser sospechoso en el crimen del que sí se estaba acusando a Iván Enrique Libreros Días, Armando Gómez España, Fabio Simón Younes Arboleda y Marlon Marín Marín.

Ante la solicitud, la Fiscalía, que se encargó de dar los nombres de quienes sí aparecían en el registro de investigaciones, explicó de qué se trataba la hipótesis delictiva por la que se había decidido abrir el caso en contra de esos hombres. Según ellos, se investigaba la existencia de una organización transnacional dedicada al lavado de dinero y al tráfico de drogas.

Según conoció La W radio, gracias a fuentes directas de la Fiscalía, en medio de los alegatos entre ambos entes se dieron a conocer y empezaron a utilizarse unos audios que estaba usando la Corte Suprema en la investigación que involucraría a Santrich, por haber hecho parte de actividades de narcotráfico aliadas al Cartel de Sinaloa, caso por el que fue detenido el pasado 9 de abril de 2018 por agentes del CTI de la Fiscalía en una casa en el barrio Modelia.

Los audios, que dio a conocer el periódico El Espectador, no solo señalaban a Santrich y a los otros cuatro hombres que mencionó la Fiscalía en su respuesta a la Corte Suprema, sino que también salieron a relucir nombres como los de Piedad Córdoba y el ex vicepresidente Óscar Naranjo, quienes negaron rotundamente conocer a Marín o tener algo que ver con las acusaciones que hacen de ellos en los audios.

A Naranjo, ‘el segundo de tu país’ o ‘Naranja podrida’, como se refieren a él en las llamadas interceptadas, se le acusó de ser cómplice en el tráfico de drogas que se hacía desde el sur del país hacia Bogotá, de haber trabajado con narcotraficantes mexicanos, y de haberle avisado a Iván Márquez y Jesús Santrich sobre movimientos extraños a su alrededor que indicaban que les estaban siguiendo la pista.

La investigación puso en una situación compleja al ex Fiscal de la Nación Néstor Humberto Martínez quien mantiene que desconocía el avance del proceso contra Santrich y que, “cuando la Fiscalía inició una investigación contra Marlon Marín nunca hubo un expediente contra Santrich, porque no era indiciado de un delito específico, existían dos radicados de 2017, ahora dicen que esos expedientes eran contra Santrich y que la Fiscalía se abstuvo de enviarlos”, le explicó a Caracol Radio luego de que la JEP (Justicia Especial para la Paz) denunciara que el entonces Fiscal les negó compartirles audios necesarios para el avance del caso.

Por medio de un comunicado de prensa, Martínez aseguró que, “el 16 de mayo de 2018 la JEP inició un procedimiento de control judicial de la captura de alias “Santrich”, extralimitando sus funciones. Por ello, la Fiscalía acudió ante la Corte Constitucional y mediante auto 401 del 27 de junio de 2018 se dispuso que la JEP no podía usurpar competencias de la Fiscalía en estas materias y precisó que la responsabilidad de la JEP se limitaba a evaluar “la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización”.