(EFE)
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Se acercan las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia, como de costumbre el discurso político de los candidatos está lleno de lugares comunes. Quizá el más recurrente es la "lucha contra la corrupción". Todos los aspirantes hacen gala de su presunta 'intachabilidad' y proponen soluciones permanentes, casi mágicas, al problema. Actitud petulante que nos ciega y no permite que advirtamos la verdadera magnitud del flagelo. No estamos frente a la corrupción a secas, estamos frente a lo que el politólogo Giovanni Sartori denominaba la corrupción patológica. Sí, el Estado colombiano está enfermo, pero la sociedad también lo está.

La mayoría de mis connacionales han escuchado al menos una vez en la vida las frases, "el vivo vive del bobo" o "hay que tener malicia indígena", estos dichos creados por los abuelos y repetidos por los padres, son ahora aplicados por nuestra generación. Es irrebatible, la corrupción está presente en toda la pirámide social, desde quien aborda el transporte público sin pagar, el carnicero que adultera la báscula, el que da sobornos para evitar multas de tránsito, hasta el empresario que paga coimas, el funcionario que guarda silencio y el político que las recibe. Hay que aceptarlo, aquí cada quién hace de las suyas en la medida de sus posibilidades.

Con todo, es comprensible que los ciudadanos esperen y exijan que los políticos sean un ejemplo de transparencia e integridad. Es lo que lo que en ciencia política llamamos accountability o rendición de cuentas, lo cual resulta saludable para la democracia y debería servir, al menos en teoría, para controlar los alcances del Estado, a limitar el Gobierno y, en consecuencia, la corrupción.

Es el quid del asunto, para llevar la corrupción a su mínima expresión hay que hacer un seguimiento minucioso a la agenda gubernamental, a los políticos y reducir el tamaño del Estado. Es una tarea imperante. Según cifras de la precandidata presidencial María del Rosario Guerra nada más en el año 2015 se crearon 18.723 cargos en el Ejecutivo. Aunado a esto, entre 2010 y 2015 se crearon 14 agencias estatales. Sin contar los fracasados 'Superministerios'.

No sorprende, esa es la tercera vía de Santos, socialismo moderado con un ápice de mercado, entretanto la economía padece el costo de la burocracia y los sobrecostos de la corrupción.

Debo mencionar que, según Transparencia por Colombia en su Índice de Transparencia Nacional, un 18,7% de las entidades públicas están en riesgo muy alto en materia de corrupción, y un 54,7% en riesgo alto. Es decir, 73,4% de las entidades gubernamentales en Colombia son altamente proclives a la corrupción, por no decir que están a todas luces cometiendo actos de corrupción. Esto nos demuestra que las recetas mágicas no existen, endurecer las penas a los corruptos, hacer mil leyes y exigir PAAC (Plan de anticorrupción y atención al ciudadano) a las entidades públicas, no basta.

En concordancia, un 58% de las licitaciones públicas en Colombia tienen un único proponente. El caso más conocido es ISAGEN, empresa estatal que fue puesta en venta y el día de la subasta solo tenía un único proponente, Brookfield, compañía canadiense que terminó adquiriéndola. Si bien esto no constituye una violación a la ley, pues en el ordenamiento jurídico colombiano no existe una norma que prohíba la venta cuando exista un único proponente, sí deja serias dudas respecto a la transparencia y la legitimidad de las licitaciones.

¿Cuánto les cuesta la corrupción a los colombianos?

Según el Contralor General de la Nación Edgardo Maya Villazón la corrupción le roba a Colombia COP$50.000.000.000.000, unos USD$17.254.010.000, cifra escandalosa, máxime cuando existe un déficit fiscal superior a los COP$32.000.000.000.000, más de 11.000 millones USD.

¿Cuáles son los escándalos de corrupción más grandes de los últimos años?

SALUDCOOP

Consistió en recobros por parte de la EPS (Entidad Prestadora de Salud) al Estado. Es decir, si una cirugía costaba 30 millones, la empresa cobraba 90 millones, por ejemplo. El costo total del fraude supera los 1,4 billones COP.

INTERBOLSA

Básicamente los directivos de la firma comisionista jugaron con el dinero de inversores para darle 'bursatilidad' a acciones que habían adquirido a través de repos. Compraron acciones de forma tan agresiva y a precios tan elevados – para valorizarlas de forma artificial – que todo desembocó en iliquidez y la posterior quiebra de la entidad, llevando a la ruina a muchos colombianos. Los perjuicios ascienden los COP$340.000.000.000, más de US$117.000.000.

ODEBRECHT

La empresa brasileña está inmersa en escándalos de corrupción a lo largo y ancho de América Latina. En Colombia los sobornos o 'coimas' exceden los COP$33.300.000.000, US$11.500.000. Con un agravante, las campañas de los dos candidatos presidenciales con mayor votación, Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga fueron financiadas en alguna medida por la firma.

REFICAR

La Refinería de Cartagena ha sido uno de los proyectos industriales más ambiciosos en la historia del país, y del mismo modo, el caso de corrupción más grande. En principio, el costo de la construcción se estimó en US$4.000.000.000, los sobrecostos superan los US$2.879.000.000. Nuevamente altos funcionarios se
encuentran salpicados, entre ellos Mauricio Cárdenas Santamaría, actual Ministro de Hacienda y Crédito Público.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Tres magistrados del alto tribunal se encuentran implicados en el escándalo de corrupción, al recibir 'coimas' por parte de varios congresistas, con el fin que emitieran fallos para su beneficio en distintas disputas legales. Fuentes cercanas dicen que los sobornos por caso son de unos COP$3.000.000.000, aproximadamente US$1.000.000. Aunque en términos de dinero es una nimiedad frente a los demás casos de corrupción que ocurren en el país, adquiere vital relevancia pues se trata de uno de los tribunales más importantes de Colombia.