Los anuncios oficiales sobre el reajuste de los haberes jubilatorios y de pensión de quienes no han efectuado reclamos aún, el pago de las sentencias firmes y de los juicios en trámite, han generado una gran expectativa entre los jubilados y pensionados, pero también en la sociedad misma. El Gobierno propone, en un proyecto de ley, dar cumplimiento a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, sin que aún se conozca el proyecto definitivo, surgen algunas cuestiones que podrían frustrar en parte las expectativas creadas, principalmente por los anuncios no demasiado precisos, y las interpretaciones que de ellos se efectuaron en la prensa.
Se indica en los medios periodísticos que las medidas anunciadas alcanzarían a 2.200.000 jubilados y pensionados, y esta cifra parece antojadiza, careciendo de elementos que pudieran darle sustento.
Haremos aquí un rápido repaso de los números partiendo de la existencia de 6,3 millones de beneficiarios de la ANSES.
Antes de la incorporación de los mecanismos de moratoria que permitieron que alrededor de 3,2 millones de personas accedieran a la prestación jubilatoria en los últimos años, el stock de beneficiarios de prestaciones que abonaba el ANSES era de 3,5 millones de beneficiarios, de los cuales aproximadamente el 75% percibía la prestación (2,5 o 2,6 millones). Por lo tanto no alcanzaba al millón de personas, los potenciales reclamantes, es decir los hoy alcanzados por los anuncios, si pensáramos que todas las jubilaciones superiores estaban mal liquidadas.
Los nuevos beneficiarios que obtuvieron la jubilación utilizando las moratorias en el pago de los aportes no ingresados alcanzan la cifra de 3,2 millones de beneficiarios; estos carecen de la posibilidad o del derecho a solicitar el reajuste del haber jubilatorio, al menos en su casi totalidad.
Por otra parte, debemos tener presente que alrededor de 350.000 sentencias de reajustes han sido dictadas, también liquidadas y pagadas a sus beneficiarios o causahabientes. Otros 300.000 juicios se encuentran en trámite y 70.000 ya tienen sentencia firme, y deben ser liquidadas.
Esta rápida revisión nos sitúa en un número de potenciales beneficiarios que se ubicará en una cifra entre 500.000 y 700.000, y difícilmente pueda alcanzar el millón de jubilados y pensionados. Muy lejos, además, de los 2,2 millones anunciados en las publicaciones escritas.
Se ha indicado que los recursos del programa de reajuste de las jubilaciones anunciado se financiará a través de dos vías: el blanqueo de capitales y de recursos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES.
Respecto al primer mecanismo, se estima que podrían "declararse" alrededor de 300.000 millones de pesos; considerando una alícuota en promedio de 10%, podrían esperarse ingresos por 30.000 millones.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) fue creado en 2008 con los aportes de los trabajadores que habían elegido las AFJP al momento de la eliminación del sistema de capitalización individual. El valor del FGS pasó de $98.083 millones de pesos que tenía el 5 de diciembre de 2008 a $719.708 millones de pesos al 31 de marzo de 2016, representando un crecimiento del 633,8%. (USD 49.357 millones de dólares Tasa de Crecimiento Anual Acumulativo en Dólares 7,8%).
Dentro de la composición de la cartera de inversiones -que es similar a la que tenían las AFJP en 2008-, las acciones representan el 13% del total, y constituyen el activo de mayor rentabilidad en los últimos años, alcanzando a marzo del corriente un valor superior a los 93.000 millones de pesos. Este es además el activo de más fácil realización, ya que los títulos públicos (63,3%), si se quisiera disponer de ellos, seria con una quita del valor de valuación actual.
Disponer de las acciones implicaría desprenderse del activo de mayor rentabilidad en el último año. Tampoco existen precisiones sobre si se afectará la rentabilidad del fondo o qué porción de ella, o los activos mismos. En todos los casos se estarían afectando el valor de reserva de sustentabilidad del fondo que es garantía de los jubilados y pensionados actuales, pero también de los trabajadores aportantes al sistema, y futuros beneficiarios del mismo.
Algún artículo periodístico ha rescatado la utilización en el cálculo de los reajustes de haberes de un índice al que ha llamado polémico, y es cierto que llama la atención el hecho de incluir en un proyecto que pretende eliminar la litigiosidad del sistema jubilatorio la modificación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aplicada por los tribunales inferiores, Cámara y los Juzgados de la Seguridad Social y los Juzgados Federales. Se ajustarían los reclamos por el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción), y se lo reemplazaría por el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Algunos cálculos efectuados con casos puntuales demuestran que entre 1995 y febrero de 2009 el incremento del índice propuesto (RIPTE) representa el 41% del utilizado por la justicia (ISBIC). La diferencia apuntada altera los cálculos de los retroactivos y los reajustes de los haberes de quienes se jubilaron a partir del 2003.
A la inicial ausencia de estimaciones en la duración de los procedimientos de acogimiento, cálculo de reajustes, aceptación, y posterior homologación de los acuerdos con los beneficiarios, le continuó el anuncio oficial de que los trámites pueden demandar hasta dos años. Esto refleja solo la realidad de los plazos actuales de tramitación. ANSES liquida 2.000 sentencias mensuales y de ahora en más se propone liquidar 100.000; además, habría que sumar algunos imponderables –como el incendio reciente en los archivos de la Administración que destruyó más de un millón de expedientes que podrían ser requeridos -algunos de ellos- para el recálculo del haber. También deberá pensarse en la gestión de los turnos, la atención posterior, y la tramitación de la homologación del acuerdo alcanzado en sede judicial, con las limitaciones y demoras que el fuero de la seguridad social presenta en estos días.