Frente del edificio de Comodoro PY 162
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A diferencia de los miembros de la Corte Suprema, que entregaron sus declaraciones juradas a la diputada Elisa Carrió, la Asociación de Magistrados consideró "inadmisible" hacerlo ya que, según su visión, podría comprometer "la seguridad personal de los miembros del Poder Judicial y sus familias".

En un comunicado, la entidad subrayó: "Resulta inadmisible contemplar la posibilidad de que, so pretexto de publicidad y transparencia, se generen mecanismos que permitan que la información patrimonial, principalmente en lo que atañe a su guarda y publicidad, dependa de un órgano o departamento del gobierno federal distinto".

La declaración de la Asociación de Magistrados lleva la firma de su presidente, Ricardo Recondo, y su vicepresidente, Alejandro Sudera, y se produce luego de los cambios en la Ley de Acceso a la Información Pública impulsados por la diputada Elisa Carrió para que los integrantes del Poder Judicial estén obligados a mostrar sus declaraciones juradas "en aras de la transparencia que demanda la sociedad".

En respuesta a esto, los jueces reclamaron que para acceder a sus datos se "exija la acreditación de un interés real y jurídicamente valioso, independientemente de las pretensiones y expectativas que desde algunos sectores de la política puedan proyectarse en punto a lo que se estime ideal en materia de publicidad".

La ley de Acceso a la Información Pública ya consiguió media sanción en la Cámara de Diputados y ahora será discutida en el Senado.

Para argumentar su decisión, la Asociación destacó: "Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos tienen a su cargo de modo permanente la intervención y decisión en controversias que involucran tanto intereses particulares como colectivos, incluso en varias oportunidades también ligados a otros de naturaleza política".

"Y sin perjuicio de las opiniones y exigencias que agentes externos a esa jurisdicción pudieren proferir a partir del ejercicio de sus roles, en el entendimiento de que ello contribuye a la mejora de la calidad institucional, resulta menester que cualquier reforma que sobre esta temática se pudiese proponer o impulsar compatibilice las expectativas de la generalidad con las especiales características, responsabilidades y exposición personal que resulta inmanente a la delicada tarea que nos compete por imperativo constitucional", agregó.

Pero la diputada Carrió criticó la decisión y comparó su situación con la de los jueces: "Estoy mucho más amenazada por haber investigado que la Justicia federal entera. Y mi declaración patrimonial es pública, porque la imparcialidad y la independencia deben ser juzgadas a la luz de la transparencia de su vida pública y privada como sucede en cualquier país civilizado".

Para la legisladora, las declaraciones juradas de funcionarios y jueces "no deben estar en otro poder del Estado, deben estar al alcance de los ciudadanos en internet".

Durante el debate en la Cámara baja, la intención de la diputada era incluir en la ley de Acceso a la Información Pública un inciso que dijera que los jueces que se opusieran a la norma serían objeto de un juicio político, lo cual fue rechazado por Graciela Camaño, del Frente Renovador, por razones técnicas.

Para terciar, el diputado oficialista Pablo Tonelli aceptó incluir en el proyecto un inciso que estableciera que "cualquier decisión judicial" que fuera en contra de la norma sería causal de "mal desempeño".