La Oficina Anticorrupción pidió que se efectivicen los embargos contra Jaime y Schiavi

El requerimiento busca evitar que intenten evadir a la Justicia. Los funcionarios apelaron el procesamiento por la compra irregular de material ferroviario a España y Portugal

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A la espera de que se active en el Congreso el debate del proyecto para recuperar bienes de casos de corrupción, el organismo que dirige Laura Alonso sigue al detalle los caminos patrimoniales de ex funcionarios sospechados por la Justicia. No quieren perder de vista el dinero que el Estado eventualmente pueda recobrar ni que los sospechosos consigan ocultar nada.

Con esa premisa, la Oficina Anticorrupción presentó un requerimiento al juez Julián Ercolini para que haga efectivos los embargos trabados contra Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, por 100 y 20 millones de pesos respectivamente. Ambos ex secretarios de Transporte fueron procesados en abril por encontrarlos responsables de peculado y administración fraudulenta en la causa en la que se investiga la compra irregular de material ferroviario a España y Portugal.

Los procesamientos –que también involucran a Manuel Vázquez, Ignacio Julián Soba Rojo y Ricardo Testuri– fueron apelados, pero para la dependencia que actúa como querellante esa medida no impide avanzar con los embargos. "El peligro en la demora en este y todo caso, es que la persona que se encuentra sometida a un proceso, intente insolventarse a fin de evadir la acción de la Justicia respecto de su patrimonio", advirtió.

Atento a que una condena firme puede derivar en un decomiso, el organismo requirió al juez que envíe oficios a los Registros de la Propiedad Inmueble de la totalidad de las jurisdicciones de la Nación; a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor; al Registro Nacional de Aeronaves; al Banco Central de la República Argentina; a la AFIP y a la IGJ, entre otros.

"Esta presentación procura evitar que la falta de inscripción de dichos embargos provoque la frustración del eventual de la sentencia vía ocultamientos o evasión de bienes; que se evite o dificulte en el futuro, la posibilidad de hacer efectivo el pago de las costas del juicio y del decomiso de los bienes fruto de los hechos delictivos", explicó.