Francia: el gobierno busca adoptar la polémica reforma laboral sin el voto del Parlamento

Confrontado a la rebelión de diputados de izquierda, el gobierno francés decidió este martes hacer adoptar sin voto del Parlamento una nueva ley laboral, contra la cual se multiplican las manifestaciones desde hace dos meses.

El presidente socialista, François Hollande, convocó a primera hora de la tarde un consejo de ministros extraordinario, que autorizó el recurso a un artículo de la Constitución, el 49.3, que permite evitar el voto parlamentario invocando la responsabilidad del gobierno.

En tal caso, según la Constitución, la ley será adoptada a menos que se presente y adopte una moción de censura contra el gobierno.

El primer ministro Manuel Valls anunció poco después en la Asamblea Nacional (Cámara baja) el recurso a ese artículo, argumentando que "la reforma debe hacerse" y "el país debe avanzar".

Esta reforma laboral, presentada como el último proyecto importante del mandato del presidente François Hollande, desató las mayores protestas sociales desde que asumió la presidencia en 2012.

Desde el 9 de marzo, sindicatos de asalariados y de estudiantes organizaron media docena de manifestaciones nacionales, algunas de las cuales dieron lugar a enfrentamientos con la policía.

Compartiendo las inquietudes de los manifestantes, varias decenas de diputados de izquierda indicaron que no votarían a favor del texto.

Dado que sin ellos no tendría mayoría, el gobierno decidió recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, que había utilizado ya en 2015 para hacer adoptar otra reforma económica que no recogía la mayoría requerida en la Asamblea.

La oposición de derecha presentó inmediatamente una moción de censura, que será debatida el jueves, y exhortó a los diputados de izquierda hostiles al proyecto a ser "coherentes" y a votarla.

Los comunistas y el dirigente de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon llamaron también a censurar al gobierno.

Los diputados socialistas llamados "rebeldes", por oponerse al giro liberal de la política de Hollande, podrían ser reticentes a hacer caer al gobierno, pero esa hipótesis no está totalmente excluida. Uno de ellos, Christian Paul, indicó que van a reunirse para decidir "colectivamente" su posición.

Según el gobierno, el proyecto de ley laboral apunta a dar mayor flexibilidad a las empresas para luchar contra el desempleo. El texto da mayores poderes a las empresas en materia de organización del tiempo de trabajo y de despidos.

Sus detractores consideran que aumentará la precariedad laboral y que la primacía dada a la negociación por empresas sobre las negociaciones por ramas profesionales significará que la ley no será la misma para todos los asalariados.

Fuentes del gobierno socialista anunciaron el martes que una de las medidas más polémicas del proyecto de ley, el despido por motivos económicos, no será finalmente incluida.

Las grandes empresas francesas no podrán, por lo tanto, como estaba inicialmente contemplado, limitarse a presentar dificultades en sus filiales dentro del país para despedir a sus trabajadores.

Desde hace dos meses, sindicatos de asalariados y de estudiantes se manifiestan contra el proyecto. En el marco de esa movilización nació el movimiento ciudadano Noche en Pie, que ocupa la emblemática Plaza de la República de París y otras plazas en diversas ciudades del país.

No bien se anunció la decisión del gobierno, Noche en Pie afirmó en un comunicado que la adopción de la ley laboral sin voto del Parlamento es "un insulto al pueblo".

"Esta denegación de democracia después de un movimiento social que ha agrupado a cientos de miles de persona es un insulto al pueblo"

"Esta denegación de democracia después de un movimiento social que ha agrupado a cientos de miles de personas en las calles, en las empresas, en las universidades, en los institutos secundarios y en las plazas de Francia es un insulto al pueblo", dijo el movimiento en un comunicado.

Por su parte, el sindicato CGT calificó en un comunicado de "verdadera vergüenza" y de "denegación de democracia" la actitud del gobierno, afirmando que éste "desprecia" a los asalariados y a los ciudadanos.

Varias centrales sindicales y organizaciones estudiantiles llamaron a un nuevo día de movilización y manifestaciones el jueves.

Con la decisión tomada el martes de imponer la ley eludiendo el debate parlamentario, el gobierno francés, ya impopular, corre el riesgo de aumentar el descontento de sus propios electores.

Y compromete con ello aún más las posibilidades de la izquierda para la elección presidencial de 2017, en momentos en que el presidente Hollande bate récords de impopularidad en las encuestas de opinión.