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El bloque oficialista acudió "a presentar un amparo cautelar para que en función de la acción aviesa tomada por la junta directiva (...) declare nula e írrita (no ejerce obligación) las sesiones del 26, 28 de abril y del 3 de mayo y, por ende, todos los actos legislativos y de control político que se emitieron en el desarrollo de estas", dijo a periodistas el diputado Pedro Carreño.
Carreño, que acudió a la sede del Ministerio Público acompañado de varios diputados oficialistas, aseguró que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) "de forma sistemática y recurrente ha incurrido en desacato en decisiones del máximo tribunal".
El diputado chavista se refiere con esto a una sentencia del TSJ que ordenó la suspensión cautelar de varios artículos del reglamento de interior y de debate de la Cámara, una decisión que, sostiene, ha sido desconocida por los opositores.
Algunos de los artículos suprimidos por el máximo tribunal quitan la potestad de la junta directiva de, con el voto de la mayoría, modificar el orden del día del pleno, convocar las sesiones con menos de 48 horas de antelación, entre otras cuestiones.
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La decisión de la Sala Constitucional obedece a un amparo solicitado hace más de cinco años por los opositores, cuando eran minoría en la Cámara y consideraban que el reglamento –que fue elaborado por el chavismo– daba demasiada potestad a la junta directiva y a la mayoría.
El TSJ respondió a esta medida cautelar el pasado 22 de abril, cuando dictó las restricciones sobre el reglamento ahora que los opositores controlan el pleno.
De ser concedido el amparo solicitado por el chavismo, se declararían nulas las sesiones de las dos últimas semanas, a lo largo de las que se han aprobado la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud, un informe sobre "la crisis alimentaria de Venezuela" y el voto de censura del ministro de Alimentación, Rodolfo Marco, que implicaría su destitución.