Los dueños de discotecas no acatarán la medida del Juez Gallardo: "Vamos a abrir"

Jorge Becco, presidente de la Cámara Empresaria de Discotecas Porteñas, habló sobre la prohibición de "toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada" dispuesta por la Justicia de la Capital Federal

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"Estoy muy mal por la medida del juez de Roberto Gallardo. Las discotecas clase C están habilitadas y cumplen todos los requisitos", dijo Jorge Becco, el presidente de la Cámara Empresaria de Discotecas Porteñas, sobre la decisión del juez en lo contencioso, administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires de prohibir "toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada".


"No vamos a acatar esta resolución. Vamos a presentar lo necesario y más allá de todo eso vamos a abrir los negocios", agregó Becco en su comunicación con Radio El Mundo y se animó a pronosticar que puede haber conflictos en la primera noche con la medida haciéndose efectiva: "Nos preguntamos si el juez se va a hacer cargo de todos los desmanes que van a ocurrir esta noche. Serán 2 millones de personas yéndose a la Provincia".


"Esta medida es una locura, totalmente inconstitucional, el juez debe vivir adentro de una caja de zapatos", señaló el presidente de la cámara que organiza a los propietarios de discotecas y locales bailables: "No hay que mezclar: una cosa son los lugares ilegales y estas fiestas y otra cosa nosotros que estamos habilitados. Pasar música no es un delito".


Para el juez Gallardo existe un "cuadro de impunidad e inexistencia de control estatal respecto de la actividad nocturna", que quedó al descubierto luego de la tragedia de Time Warp, fiesta electrónica en la que fallecieron 5 personas. Su vigencia será hasta que el gobierno a cargo de Horacio Rodríguez Larreta cumpla con una serie de medidas, que incluye, entre otros aspectos, un protocolo de actuación de inspectores y fuerzas de seguridad para que no se permite la venta de drogas dentro de las discotecas y fiestas. La decisión del juzgado se tomó tras la causa que iniciaron la Asociación Civil Vientos de Libertad, por la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores y por la Federación Universitaria de Buenos Aires.