La Cámara de Diputados se apresta a dar media sanción el jueves al proyecto enviado por el Gobierno para permitir, de una vez por todas, el acceso a la información pública, que incluye al PAMI, a los jueces federales y a las empresas privadas que prestan servicios públicos o realizan obras financiadas por el Estado, además de todos las dependencias que dependen directamente del Poder Ejecutivo.
"La Argentina dejará de ser uno de los cuatro países de América latina que todavía permanece en las sombras del secretismo", celebró en InfobaeTV la abogada Marcela Basterra, una de los 20 expertos que fueron consultados por los diputados la semana pasada.
Basterra apuntó que "una regla de oro es que a mayores niveles de transparencia, menores niveles de corrupción". "El ranking indica que la Argentina está en los países considerados altamente corruptos, como Paraguay, Somalia y Venezuela. En cambio, Uruguay y Chile están bastante arriba y podemos aspirar a estar como ellos", agregó.
De acuerdo con ese proyecto de ley, todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán requerir información a los tres poderes del Estado pero también a las empresas privadas que utilizan dinero del presupuesto público.
Basterra indicó que incluso un juez federal puede ser consultado sobre la marcha de un expediente determinado y está obligado a dar información siempre y cuando eso no perjudique su investigación. Pero en todo caso deberá dar a conocer por qué no puede brindar la información requerida.
"Es un reclamo de la sociedad de hace muchos años. Ahora, no habrá que demostrar ningún interés ni tampoco utilizar patrocinio letrado. Y será gratuito", dijo Basterra.
La información debe ser entregada en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser extendido en forma excepcional otros 15 días. Si eso no se cumple, el responsable de dar a conocer esa información será sancionado.