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Este martes la oposición brasileña obtuvo en sendas votaciones los dos principales cargos de la comisión de senadores que analizará si la presidente Dilma Rousseff debe ser sometida a un juicio político.
La presidencia de la comisión, que este martes celebró su primera reunión, será ejercida por Raimundo Lira, del Partido del Movimiento Democrático Brasileños (PMDB), ex aliado del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff.
Asimismo, el cargo de instructor, quien elaborará un informe que recomendará procesar a la jefa de Estado o archivar el caso, recayó en Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), ante el rechazo generalizado del oficialismo.
El PT señaló que un senador del PSDB, el bloque más férreo opositor del Gobierno, no tendría la "imparcialidad" necesaria para la redacción de ese informe. Sin embargo, la oposición se impuso y Anastasia fue respaldado por 16 votos contra cinco.
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Linderbergh Farías, senador del PT, criticó duramente la elección de Anastasia, a la que calificó como "una provocación", y señaló que "mancha desde el primer día el trabajo de una comisión que tiene que decidir el futuro de una presidente elegida con 54 millones de votos".
La comisión estará conformada por 21 senadores de todos los partidos con representación en el Senado, y tendrá diez días para debates, en los que serán escuchados tanto los responsables de la acusación, que se fundamenta en maniobras fiscales irregulares, como de la defensa de Rousseff, representada por la Abogacía General del Estado.
Concluidos los debates, será votado el informe que elaborará el instructor, que en caso de ser aprobado y recomendar la apertura del juicio político contra Rousseff pasará al pleno del Senado.
Si en esa instancia, la mayoría simple de los 81 senadores (41 votos) se inclina por la instauración del proceso, la mandataria será separada de su cargo durante los 180 días que puede demorar el proceso y sería sustituida durante ese período por el vicepresidente Michel Temer.
En caso de que el juicio concluya con la destitución de Rousseff, Temer deberá completar el mandato, que vence el 1 de enero de 2019.