Invertir en la prevención y tratamiento de la diabetes

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El 7 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud, conmemorando la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este año la diabetes ha sido seleccionada como el tema de salud específico por cuanto: 1) la epidemia se ha extendido considerablemente en los últimos años en los países de bajos y medianos ingresos; 2) gran parte de los casos se puede prevenir; 3) es una enfermedad que se puede tratar y 4) la prevención y el tratamiento de diabetes satisfacen uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de Naciones Unidas: reducir un tercio de la mortalidad prematura de enfermedades no transmisibles para 2030. Para esto, cada sector de la sociedad tiene un rol fundamental: los gobiernos, los empleadores, los docentes y los fabricantes, así como la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación y cada uno de nosotros.


Un estudio de la Universidad de East Anglia, en Reino Unido, analizó el impacto económico de la diabetes y encontró que la enfermedad representa una alta carga tanto para los países de altos como de bajos y medianos ingresos. Considerada antes una enfermedad de ricos y ancianos, hoy la diabetes golpea más a los pobres, que deben afrontar los altos gastos del tratamiento. La imposibilidad de concretarlos se visualiza en el porcentaje de las defunciones: 80% corresponde a estos segmentos económicos. A nivel mundial, dos tercios de los nuevos casos se encuentran en esos países, como China, India, México y Egipto. Actualmente, 382 millones de personas padecen esta enfermedad en el mundo, que se estima en 592 millones para 2035.


El aumento de la diabetes en estos países ha sido impulsado por los cambios sociales y económicos: la rápida urbanización, la modificación de hábitos alimentarios y la instalación de estilos de vida cada vez más sedentario. Por ejemplo, la pobreza aumenta la exposición a los entornos de obesidad; la malnutrición materna durante el embarazo incrementa el riesgo futuro de diabetes en el bebé y las poblaciones marginales se enfrentan a obstáculos para recibir atención sanitaria.


La diabetes tiene un alto impacto económico y social: provoca defunciones y discapacidades, empobrece a las familias, impone una enorme carga económica sobre gobiernos y empresas por reducción de la productividad y desborda los sistemas sanitarios.


La carga económica de los enfermos incluye tanto los costos directos de la enfermedad (médico y visitas al hospital, medicamentos, gastos de laboratorio de pruebas y costos de equipos) como los costes indirectos (la disminución de ingresos debido a la jubilación anticipada y las horas de trabajo perdidas debido a la enfermedad). En los países de altos ingresos la carga recae sobre los presupuestos públicos y los seguros de salud; en los de bajos y medianos ingresos las deficiencias del sistema sanitario obligan a las familias a afrontar dichos costos.


Por ende, invertir en la prevención y el tratamiento de la diabetes no sólo tendrá impacto favorable para la población en términos de buena salud, sino que traerá beneficios económicos para la sociedad en su conjunto. En ese nuevo contexto, el ahorro público en gastos de atención médica podría redireccionarse a mejoras habitacionales, abastecimiento de agua potable y cloacas, entre múltiples alternativas pospuestas por restricciones presupuestarias. En términos de familia, reduciría el estrés económico y psicológico, además de mejorar su calidad de vida.


En Argentina se estima que hay 2.500.000 diabéticos, con un porcentaje importante de desconocimiento de la enfermedad y sólo el 30% de los enfermos sigue un tratamiento. El 9,6% de la población argentina tiene diabetes o glucemia elevada. La incidencia es levemente mayor en las mujeres, con un 10,2% contra el 8,9% de los hombres. Las provincias que registran los niveles más altos son Santiago del Estero (15,6%) y La Rioja (12,9%), mientras que el índice más bajo lo tiene la ciudad de Buenos Aires (7,4%). En la provincia de Buenos Aires, el nivel es similar al promedio nacional (9,8%) y desciende levemente en el Gran Buenos Aires (9,1%).


La autora es Directora del Departamento de Economía y Finanzas de Fundación UADE.