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La comisión parlamentaria de 65 miembros realizó una segunda reunión para evaluar si hay fundamentos que permitan avanzar en un proceso de destitución (impeachment) de la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, por supuesta manipulación de las cuentas públicas.
La oposición pidió sumar al acta las acusaciones del detenido senador Delcidio do Amaral, del bloque oficialista, quien afirmó (en el marco de un acuerdo de reducción de penas con la justicia) que Rousseff y su predecesor Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) estaban al tanto y se beneficiaron del esquema de financiación ilegal de campañas políticas montado a través de la petrolera estatal.
El presidente de la comisión, Rogerio Rosso, se mostró inclinado a aceptar los nuevos cargos y generó así una queja unánime del oficialismo. El clima se caldeó aún más cuando el diputado Jovair Arantes, que actúa como instructor en el caso, también se declaró a favor de la ampliación de las acusaciones y aseguró que constarán en el informe que presentará a la comisión, en el que recomendará avanzar hacia un juicio político o archivar la causa.
El gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y de otros partidos opuestos al impeachment rechazaron el pedido de incluir nuevos elementos en el caso. "La indagación no tiene cabida. No se puede agregar nada nuevo. La acusación por manipulación de cuentas públicas no tiene nada que ver con la denuncia de Delcidio (Amaral)", declaró el diputado Chico Alencar, del partido PSOL.
La inclusión de las denuncias de Amaral vincularía a Rousseff con el escándalo Petrobras, investigado por el juez Sergio Moro y su operación "Lava Jato".
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El presidente de la comisión parlamentaria, Rogerio Rosso, llamó a actuar con cautela. "Si no tenemos cuidado y no prestamos absoluta atención a los procesos legales, podemos profundizar la crisis de esta nación", dijo el legislador al instalar la segunda sesión del grupo, que puede aprobar el juicio contra la gobernante.
Mientras la Comisión sesionaba, varios miles de personas se manifestaban frente al Congreso, para exigir la renuncia de Rousseff, constató un periodista de la agencia de noticias AFP.
Para que las 15 sesiones de la comisión de "impeachment" tengan validez, deben también ocurrir otras tantas sesiones plenarias de la Cámara de Diputados.
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Rousseff cuenta con un plazo de 10 sesiones para presentar sus descargos. Si se incluyen nuevas acusaciones, el oficialismo reclama que la gobernante cuente con nuevos plazos para su defensa.
Una recomendación favorable a un juicio de destitución debe ser aprobada por los dos tercios de la Cámara (342 de 513 diputados) y, si ello ocurre, ratificada por mayoría simple en el Senado (de 81 escaños).
En ese caso, Rousseff sería apartada automáticamente de su cargo por un plazo máximo de 180 días. Y su destitución definitiva ocurriría si el Senado la votase al cabo de todo el proceso, esta vez por mayoría de dos tercios (54 senadores).