Guiño al Gobierno para que ingrese en la causa Hotesur

La Cámara de Casación dijo que los organismos públicos de lucha contra la corrupción pueden ser querellantes. Lo hizo al rechazar ese rol para la diputada Stolbizer

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La justicia le hizo un guiño al gobierno de Mauricio Macri para que sea parte de la causa Hotesur. La Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, rechazó otorgarle el rol de querellante a la diputada nacional Margarita Stolbizer pero sostuvo que puede presentarse cualquier organismo del gobierno.


Los jueces de la Sala I de Casación, Mariano Borinsky, Ana María Figueroa y Gustavo Hornos, señalaron que tanto la Oficina Anticorrupión (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) están "facultados para querellar".


"Tales órganos receptan de manera amplia la obligación internacional en la erradicación de la impunidad cuando se trata de investigaciones sobre delitos de corrupción", sostuvo la camarista Figueroa en su voto.


La causa Hotesur se inició en 2013 por una denuncia de Stolbizer y se investiga el presunto lavado de dinero en los emprendimientos hoteleros de la familia de la ex presidente Cristina Kirchner. Durante su mandato, ningún organismo de gobierno pidió ser querellante en la causa.


Desde la asunción de Macri la OA pidió ser querellante en la causa Ciccone, en la que está procesado el ex vicepresidente Amado Boudou, y el juez Ariel Lijo aceptó al organismo en ese rol.


El querellante es una parte de la causa –la acusación privada – y puede solicitar medidas de prueba, declaración de testigos y tener acceso al expediente. Stolbizer solicitó ese rol pero tanto el juez Claudio Bonadio y la Cámara Federal lo rechzaron. Ahora Casación compartió ese criterio.


Los camaristas señalaron que no alcanza con ser legisladora para ser damnificada en una causa de corrupción pero que puede tener acceso al expediente para hacer un control, rol que tiene ya que fue aceptada como "amicus curiae" (amiga del tribunal). También señalaron que el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, es quien representa a la sociedad en el expediente.


Pero el tribunal destacó que sí hay organismos públicos que podrían tener el rol de querellante.

Borinsky señaló que Stolbizer puede canalizar ese rol "a través de los órganos encargados de ejercer la acción (Ministerio Público Fiscal), o facultados para querellar (Oficina Anticorrupción, UIF, Banco Central, entre otros que enunció en el curso de la audiencia)".


Por su parte, Figueroa destacó que la OA tiene como función "velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción", la UIF "colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público" para perseguir los delitos del Código Penal, y el BCRA las facultades que le da la ley de entidades financieras para "erigirse en querellante".


Ninguno de esos organismos solicitó ser querellante en la causa Hotesur y para la jueza "en modo alguno la ausencia de presentación a la fecha de dichos organismos, sustentan una petición de constituir en querellante a los ciudadanos en general".