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La jueza brasileña que debía pronunciarse sobre un pedido de prisión preventiva contra el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva por presunto lavado de dinero transfirió el caso al juez federal que lleva el caso del megafraude a Petrobras.
"Las denuncias presentadas por el Ministerio Público contra el ex presidente de la República Luiz Inacio Lula da Silva deben ser transferidas al 13° Tribunal Federal de Curitiba", del juez Sergio Moro, informó el tribunal de la magistrada.
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Hace menos de dos años, el desconocido magistrado federal brasileño Sergio Fernando Moro comenzó a ser públicamente visible tras tomar en sus manos la causa de corrupción estatal por millonarios desvíos de la petrolera estatal Petrobras, que involucra a grandes empresas y un importante número de políticos, entre ellos el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y por la que la oposición y parte de la sociedad han pedido el impeachment de la mandataria Dilma Rousseff.
El caso Lava Jato es una de las mayores pesquisas que se han visto en Brasil y está encabezada por el juez que es considerado uno de los mayores especialistas en investigar lavado de dinero en el país.
Moro fue el responsable de dictar la orden de conducción coercitiva por la que la Policía debió trasladar al ex presidente a una comisaría para prestar declaración sobre los supuestos beneficios que recibió de las empresas que desviaron recursos de Petrobras, hecho que conmocionó al país.
Desde el comienzo de su investigación, el magistrado ha sido visto como uno de los símbolos brasileños contra la corrupción y su repentina y destacada aparición pública le valió la posibilidad de dar conferencias en universidades y ante empresarios.
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Moro fue considerado una de las 100 personas más influyentes de Brasil en 2014 por la revista brasileña Época y recibió la medalla del mérito legislativo en 2015 por recomendación del líder del Partido Popular Socialista (PPS) en la Cámara de los Diputados, Rubens Bueno.
Con su actual investigación, el juez federal oriundo de Maringá intenta desarmar la trama de corrupción y pago de sobornos que involucra a la petrolera estatal Petrobras y pone en jaque al gobierno de la actual presidente, Dilma Rousseff.
Ahora, suma a su investigación la causa por lavado de dinero y ocultamiento de patrimonio en San Pablo. Allí, el viernes pasado la Fiscalía pidió la prisión preventiva de Lula. Los investigadores argumentan que Lula trató de ocultar la titularidad de la propiedad, que está registrada oficialmente con el nombre de la empresa constructora de la OEA. El tríplex de lujo atribuido a Lula da Silva está frente al mar, en Playa de las Asturias, estado de San Pablo. Tiene 215 metros cuadrados y lo edificó OAS, empresa que pagó sobornos para adjudicarse contratos.
Los fiscales sospechan que Lula y su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, son los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la localidad Guarujá, lo que el ex presidente ha negado en reiteradas ocasiones.