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El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva negó los cargos que la Fiscalía del estado de San Pablo presentó en su contra y atribuyó la acusación a un fiscal que ha dejado clara su parcialidad y que ya había revelado su intención a la prensa.
"No hay ninguna novedad en la denuncia del Ministerio Público (Fiscalía) de San Pablo, que ya había sido anticipada a la revista Veja el pasado 22 de enero por el fiscal Cassio Conserino", informó en un comunicado el Instituto Lula, una fundación encabezada por el ex jefe de Estado y que opera como su portavoz.
La Fiscalía de San Pablo, en denuncia ante un juez penal de ese estado, acusó formalmente a Lula de los crímenes de ocultación de patrimonio, lavado de dinero y falsificación de documentos por supuestamente ser el propietario de un apartamento en la playa registrado a nombre de una empresa.
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El apartamento de tres pisos en una exclusiva playa en el estado de San Pablo está a nombre de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras y que financió costosas reformas supuestamente solicitadas por la familia del ex jefe de Estado.
El ex presidente alega que su familia pagó una cuota inicial por el apartamento cuando el mismo comenzó a ser construido, pero que pidió la devolución del dinero cuando la empresa responsable por la obra quebró y le vendió el proyecto a la OAS.
"Lula no es propietario ni del apartamento en (la playa de) Guarujá ni de la casa de campo en (la ciudad de) Atibaia (que también le atribuyen), y no cometió ninguna ilegalidad", según el comunicado del Instituto.
La nota agrega que el ex jefe de Estado presentó su defensa ante el fiscal y le entregó documentos que prueban que no es propietario del apartamento pero que Conserino los ignoró.
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"Cassio Conserino no es el fiscal titular del caso e hizo un juicio anticipado antes de escuchar al ex presidente, dejando claro que es parcial", agregó el Instituto Lula al recordar que el acusador ya había anticipado su intención en entrevista a una revista antes de escuchar la defensa del acusado.
Según el comunicado, la denuncia refuerza la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia, como lo ha pedido la defensa de Lula en dos oportunidades, defina la competencia en este caso, ya que el mismo es investigado tanto por la Fiscalía regional del estado de San Pablo como por la Fiscalía federal del estado de Paraná.
La Fiscalía de Paraná, que ha centralizado las investigaciones del caso Petrobras, apunta que el apartamento en Guarujá podría estar relacionado con el caso de corrupción en la petrolera y habría sido usado por OAS para disfrazar el pago de coimas.
El pasado viernes, el juez Sergio Moro, de Paraná, ordenó a la Policía a interrogar a Lula en una comisaría, mientras que la Fiscalía anunció que cuenta con indicios "bastante significativos" de que Lula recibió beneficios y favores de las empresas implicadas en los desvíos de recursos de Petrobras.