NA 162
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La Cámara de Diputados comenzará a debatir en un plenario de comisiones el proyecto de "Ley de Normalización de la Deuda Pública y Recuperación del Crédito Público", que enviará el Gobierno nacional para cerrar el acuerdo con los holdouts y que, según un borrador distribuido entre los legisladores, demandará un total de 12.063 millones de dólares.


Pese a que la iniciativa del Ejecutivo no ingresó al Congreso, desde el oficialismo confirmaron que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, concurrirá a las 11 al Anexo C del Congreso para defender la iniciativa, en una reunión informativaconjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, que presiden los macristas Luciano Laspina y Eduardo Amadeo, respectivamente.


Según el borrador distribuido por el oficialismo entre los diputados que integran ambas comisiones, el Gobierno aseguró que "la quita total que se obtuvo es del 46,2 por ciento del total de los montos reclamados y representa 2 veces y media el capital original".


De acuerdo con lo transmitido por el Ejecutivo, los recursos necesarios para cancelar la deuda con los holdouts, "basado en cálculos realizados por distintos analistas especializados y la ley de Nueva York" asciende a un total de 12.063 millones de dólares.


El informe detalla que 2.190 millones corresponden al pago de tenedores de bonos sin sentencia, mientras que aquellos que tienen un fallo a favor la cifra asciende a 6.562 millones, y los bonos de otras legislaciones alcanza a 3.311 millones.


El radical Miguel Bazze, miembro de Presupuesto y Hacienda, explicó, en declaraciones a DyN, que "se giró a todos los diputados el proyecto en borrador que prácticamente es el contenido de la propuesta, sólo faltaban las formalidades".


 AFP 162
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El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, asistirá hoy al Congreso para informar de los detalles del proyecto que promueve el Gobierno para concretar el acuerdo con los holdouts y poner así fin a más de 15 años de default. El marco que ofreció el juez Thomas Griesa requiere que la Argentina derogue la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano.