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Un funcionario de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat de Salta fue detenido este jueves por orden de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, acusado de hechos de corrupción con terrenos públicos, a la vez que fue imputado por la misma causa el anterior titular de esa repartición, Diego Barreto, perteneciente a la agrupación MILES, que lidera Luis D'Elia.
El escándalo tiene que ver con la entrega irregular de terrenos a personas de bajo recursos. El día en que los 500 beneficiados fueron a recibirlos, la maniobra saltó a la luz. "Se detectaron muchas irregularidades: gente que había comprado los terrenos a los funcionarios, lotes que tenían hasta cinco adjudicatarios, cientos de preadjudicatarios que no recibieron nada y personas que fueron a recibir las tierras en 4x4, entre otras cosas. Por eso denunciamos una red de corrupción de varios funcionarios de alto y mediano rango, y varios empleados", detalló a Infobae el abogado Santiago Pedroza, titular de uno de los tres estudios jurídicos que presentaron una denuncia.
El detenido por disposición del Juzgado de Garantías número 5 de Salta es Roberto Martín Nellessen, quien fue acusado como presunto autor de los delitos de asociación ilícita y exacciones ilegales.
Pero además, la Justicia imputó a otros integrantes de la misma reparticipación y a Barreto, militantes de MILES, quien había sido removido del cargo. Fuentes judiciales informaron que el proceso podría derivar en otras detenciones.
El actual subsecretario de Tierra y Hábitat, Ángel Sarmiento, puesto en el cargo por el gobernador Juan Manuel Urtubey semanas atrás, evitó hacer declaraciones sobre la causa de corrupción que involucra a esa repartición. El área se encuentra en el ojo de la tormenta desde los primeros días de este año, cuando se conoció una serie de manejos irregulares.
Entre otros hechos, la Subsecretaría habría preadjudicado dos y hasta tres veces cada terreno destinado a la construcción de viviendas y los funcionarios habrían cobrado coimas para otorgar algunos predios.
La intervención de la Subsecretaría en el asentamiento de Parque La Vega, en la capital provincial, iniciada éste año develó una serie de irregularidades en ese sentido. El gobierno provincial dispuso la remoción de las autoridades anteriores y la designación de nuevos funcionarios, con intención de normalizar el organismo y desligarse del escándalo.