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La Comisión de Acuerdos del Senado terminó de definir el cronograma para las audiencias públicas en las que se analizarán las candidaturas de Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz para integrar la Corte Suprema y se decidió recibirlos por separado el 3 y el 8 de marzo. Las fechas fueron confirmadas a NA por fuentes parlamentarias que ratificaron la decisión del presidente de la Comisión de Acuerdos, el salteño Rodolfo Urtubey (PJ-FPV) de realizar audiencias separadas.
Así, la semana próxima el senado recibirá a Rosatti y luego será el turno de Rosenkrantz, en dos audiencias que se anticipan extensas y con debates en torno a la idoneidad de los juristas para ocupar el cargo.
Los referentes del PJ, entre los que se encuentra el presidente del bloque de senadores, Miguel Ángel Pichetto, vienen deslizando que ambos jueces llegan con un currículum "intachable", aunque evitan adelantar su voto y aseguran que las audiencias serán determinantes para esa definición.
En tanto, el sector del kirchnerismo referenciado en La Cámpora viene dando señales de rechazo a ambos juristas con diversos argumentos entre los cuales sobresale que Rosenkrantz y Rosatti aceptaron ser designados en la Corte por decreto del presidente Mauricio Macri.
Para el peronismo tradicional, en cambio, ese es un tema concluido porque los dos jueces no llegaron a jurar en sus cargos y el Poder Ejecutivo optó finalmente por darle curso al procedimiento institucional. Sin embargo, el kirchnerismo también le cuestionará a Rosenkrantz el hecho de que su estudio de abogados haya defendido al Grupo Clarín.
Sobre el juez también pesan otras impugnaciones que serán analizadas en el marco de la audiencia pública, entre ellas, una presentada por la fundación Habitar Argentina, dedicada a la promoción de políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda.
La impugnación señala que Rosenkrantz "no cumpliría con el criterio de compromiso con los derechos humanos" porque en publicaciones académicas presentadas como antecedentes expresó "una visión restrictiva" sobre el "valor que debe asignarse" en el ordenamiento jurídico nacional a "los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos".
Todas las impugnaciones presentadas serán analizadas y discutidas en las audiencias públicas que comenzarán el 3 de marzo.