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La insistencia chilena para que Argentina revea el asilo político otorgado a Galvarino Sergio Apablaza Guerra se anotó una victoria: el gobierno nacional anunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que empezará un diálogo con el país vecino para buscar una "solución amistosa" al reclamo.
Desde hace más de una década, el gobierno chileno reclama que el ex dirigente del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez sea extraditado a su país para ser juzgado como presunto autor intelectual del senador Jaime Guzmán y como participante del secuestro del empresario Cristian Edwards. La Corte Suprema argentina había ordenado que fuese entregado al país vecino, pero el gobierno de Cristina Kirchner frenó el proceso al entregarle el estatus de asilado político.
La familia de Guzmán recurrió entonces a la CIDH para intentar revertir la decisión. La presentación fue realizada en 2012, pero recién a fines del año pasado el tribunal tomó el caso y fijó el 23 de febrero como fecha límite para que el gobierno argentino hiciese su primer descargo.
En su presentación, la administración de Mauricio Macri se mostró dispuesta a buscar algún tipo de solución con la familia del senador chileno asesinado. "Es una situación valorable y positiva que en el marco del Sistema de Protección de Derechos Humanos los peticionarios, esencialmente la familia Guzmán y el Gobierno argentino puedan arribar a una solución amistosa del problema planteado", contó este miércoles el subsecretario de Relaciones Exterior de Chile, Edgardo Riveros.
El cambio de postura argentina implica un giro con respecto a lo sostenido por el kirchnerismo durante la última década.
Hoy, los intentos para que Apablaza regrese a su país corren por dos carriles paralelos. Por un lado, la denuncia ante la CIDH, una causa que podría demorar años, ya que el tribunal tardó más de mil días sólo en tomar el caso. Por el otro, el gobierno chileno y la familia Guzmán aguardan que avance la causa que tiene en sus manos la Justicia argentina. A principios de este mes, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, Ernesto Marinelli, habilitó a que el país vecino apele el asilo político. La defensa de Apablaza recurrió la decisión y ahora las partes están a la espera del fallo de la Cámara de Apelaciones.