Tensión en Salta: manifestantes se rociaron nafta y amenazaron con prenderse fuego

El conflicto explotó cuando trascendió que el Gobierno otorgó lotes a personas que tenían hasta dos propiedades y dejó afuera a más de 400 familias con preadjudicaciones

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 Pablo Yapura / El Tribuno 162
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La Ley 2.616 de Salta dispone un requisito fundamental en la entrega de predios fiscales: que el beneficiario no tenga inmuebles a su nombre. Sin embargo, un reciente otorgamiento de lotes terminó en escándalo cuando trascendió que el Gobierno dio terrenos a personas que tenían hasta dos propiedades y dejó afuera a casi 500 familias con preadjudicaciones. Hoy se vivieron momentos de tensión: luego de que varias mujeres se encadenaran a la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, algunas se rociaron con nafta y amenazaron con prenderse fuego.

El escándalo estalló el 5 de febrero, en el acto de entrega de 833 terrenos en el barrio Parque La Vega, un predio habitacional en el sur de la capital salteña. Ese día, casi 500 familias que habían sido preadjudicadas se enteraron de que sus lotes habían terminado en otras manos. Con un agregado: según explicó El Terreno, que detalló varios casos, al cruzar la nómina de "ganadores" con los de la Dirección de Inmuebles se detectó que varios ya tenían hasta dos propiedades. Y que otros figuraban con DNI falsos o tenían empresas a su nombre.

"Se detectaron muchas irregularidades: gente que había comprado los terrenos, lotes que tenían hasta cinco adjudicatarios y personas que fueron a recibir las tierras en 4x4, entre otras cosas. Por eso denunciamos una red de corrupción de varios funcionarios de alto y mediano rango, y varios empleados", explicó a Infobae el abogado Santiago Pedroza, titular de uno de los tres estudios jurídicos que denunciaron la maniobra. El letrado fue amenazado.

Feriados de carnaval mediante, el miércoles pasado un grupo de damnificados comenzó a protestar frente a la Subsecretaría de Tierra y Hábitat. Ayer, siete mujeres se encadenaron en el ingreso de la dependencia y dos de ellas pasaron la noche a la intemperie. También llevaron su reclamo a la vicepresidente Gabriela Michetti, quien visitó la provincia. Y hoy, la tensión llegó al extremo: algunas se rociaron con gasolina. "Si no nos dan respuesta, vamos a prender fuego los autos, a nosotros, todo acá", advirtieron. Hubo que calmarlas.

 La Gaceta 162
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En el medio, los abogados denunciaron que se robaron documentos de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat. Dijeron que dos de sus clientes vieron cómo ayer retiraban varios papeles del organismo y hoy se llevaban las computadoras. Creen que son las pruebas de las preadjudicaciones, que comprometerían a varios funcionarios.

Unas horas después, en medio de una ola de críticas, el gobernador Urtubey desplazó a las autoridades de la Subsecretaría. El mandatario buscó así despegarse del escándalo, pese a que había celebrado la distribución de terrenos en un comunicado de prensa.

El coordinador de Tierra y Bienes, Sergio Usandivaras, que depende de Tierra y Hábitat, había dicho ayer que de las "370 familias" perjudicadas, la mitad tenía fotocopias y no originales entre sus documentos y que 120 tenían adjudicaciones en otras zonas. También advirtió que muchos beneficiarios no "actualizaron" sus papeles. En pocas palabras, culpó a las víctimas.

Consultado sobre las personas que admitieron que compraron los terrenos, señaló: "Lógicamente, hay gente que se presta para estas maniobras". De nuevo: deslindó cualquier tipo de responsabilidad del Gobierno. Y se despegó con una insólita excusa: "El Estado no puede andar detrás de cada adjudicatario para saber qué hace con el terreno". También apeló al "no me consta", al "es todo falso" y al "que se presenten en la Justicia".

Hay un antecedente que muchos recuerdan en Salta: en la entrega de viviendas sociales en el barrio Lomas de Medeiro fue beneficiado el ex secretario de Legal y Técnica provincial, Pablo Robbio Saravia, aunque tenía tres propiedades a su nombre, incluida una en Pinamar. Desnudada la maniobra, presentó su renuncia, pero Urtubey se la rechazó y lo definió como "un pobre funcionario". Aun así, nada empañó su carrera y hoy aspira a ser juez, pese a que en el concurso falló en respuestas básicas, lo mandaron a leer jurisprudencia de la Corte Suprema y le pidieron que "deje de guitarrear".