De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas tuvieron una caída en el mes de enero del 2,3 por cuento. Según CCR, la situación no estuvo mejor para consumo masivo, con una caída a lo largo de todo el 2015 del 0,2 por ciento. Tras la devaluación, más una inflación medida por las privadas en un techo de 3,5% en diciembre y un 2,6% en enero, el poder adquisitivo del consumidor se fue erosionando.
Los primeros semestres del año de los últimos cuatro tuvieron un denominador en común: el uso del plástico como medio de financiamiento al consumo. Lo que se está viendo es que crece el volumen de transacciones con este medio de pago, aunque baja el ticket promedio de compra, lo cual puede ser un aliciente para una paulatina reducción en el incremento de precios minoristas a futuro.
El logro de la meta inflacionaria del titular de la cartera de Economía, Alfonso Prat-Gay, de un 25% para este año tiene varias contraindicaciones, como la suba de las tarifas de servicios públicos, que impactará fuertemente no sólo en el bolsillo de los argentinos, sino en la medición del futuro índice de precios al consumo (IPC) nacional por el peso que tiene en la participación del indicador. Un punto en contra que conspira contra esa meta es que la reducción del déficit fiscal pasaría de 7% del PBI a 4,7% en 2016, pero, de retrasarse el acuerdo con los fondos buitre y no conseguirse préstamos por parte de organismos internacionales de crédito, este debería financiarse con emisión monetaria.
Básicamente, una Secretaría de Comercio tiene dos funciones claves: 1. la libre competencia entre los agentes económicos en los mercados y 2. la defensa del consumidor. En ese orden, la restitución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) buscará identificar las conductas anticompetitivas y la carterización de los mercados. Si bien hoy podría ejecutarse la ley de abastecimiento o implementarse las nuevas normativas del Código Civil y Comercial, ambas tienen facultad sancionatoria pero no de reequilibrio de las fuerzas empresarias en los mercados para establecer reglas de juego competitivas para todos los agentes a futuro. Por otra parte, las multas y las sanciones existentes no guardan proporción con los ingresos y los patrimonios de las empresas, por lo que se necesitarían topes porcentuales por balance anual bajo una modificación de la normativa.
Para lograr reencausar la situación de los oligopolios conformados en la actividad minorista es necesario, como lo han realizado las economías desarrolladas, regular la actividad con cuotas de participación de mercado para cada una de las empresas intervinientes, sin que ninguna de ellas tenga presencia de estructuración de poder y consolidación de los precios mayoristas y minoristas.
Respecto de la defensa del consumidor, las opciones son varias. En principio, el nuevo sistema de monitoreo de precios en línea para vigilar los precios de los supermercados será una medida neomorenista de control de precios, pero sin supervisores de la Secretaría de Comercio, sino que los propios consumidores serán quienes realizarán dicha tarea vía web. A su vez, otra alternativa planteada por las autoridades del Gobierno nacional es la amenaza de la importación en aquellos productos donde no haya una disminución de precios.
Otra de las medidas en estudio para aplacar los embates sobre el bolsillo del consumidor es la aplicación de un IVA diferenciado para productos de la canasta básica de alimentos y bebidas, lo cual es una buena iniciativa para un impuesto regresivo que alcanza a todos los argentinos, sin importar el nivel de ingreso y, en principio, los primeros beneficiarios serían los que poseen la asignación universal por hijo. Respecto de este último punto se debe señalar que Argentina tiene el segundo IVA más alto de América Latina, con un 21%, sólo por detrás de Uruguay, con 22%, cuando en otras latitudes el impuesto al valor agregado incluso direcciona los consumos de la población con diferentes niveles de IVA, como muy reducido, reducido y para productos suntuarios, lo que equilibra los accesos de la población a la canasta de bienes con diferentes niveles de precios y menor impacto económico sobre el bolsillo de la población más sensible.
En este orden, hay tres acciones entre otras que fueron prometidas, pero aún están en suspenso. 1. La conformación de un Consejo Económico y Social constituido por los diferentes sectores empresarios y los sindicatos representantes de los trabajadores a los efectos de generar acuerdos que le den previsibilidad a la histórica tensión entre capital y trabajo. 2. La aprobación en el Congreso de la Nación de la nueva ley de impuesto a las ganancias, para el cual Mauricio Macri propuso un tope de 30 mil pesos. Sin embargo, para el pago mínimo debería ser seis veces el salario mínimo, es decir 36.360 pesos. Para un asalariado con familia tipo, debería ser ocho salarios mínimos, es decir, 48.480 pesos. Para el tributarista César Litvin, debería multiplicarse por 15 para que sea justo y progresivo con los niveles del 2002; el nuevo denominador sería resultante de la inflación acumulada en este múltiplo propuesto. 3 La extensión de la asignación universal por hijo a los hijos de los monotributistas.
A su vez, deberían actualizarse también los topes. El nuevo monto de bienes debería ascender a 1.100.000 pesos; hoy es de 600 mil pesos anuales de tope, cuando un comercio no paga menos de 12 mil pesos de alquiler y sobre su facturación de 50 mil pesos disponibles mensuales debe descontar no sólo alquiler, sino ingresos brutos, servicios, compras de bienes para la venta, mantenimiento, sueldos, inversión y llevarse una ganancia a su casa. Para servicios, el nuevo monto debería ser de 720 mil pesos; cuando hoy está en 400 mil pesos anuales. De no modificarse estos topes, ante una caída de las ventas minoristas y la imposibilidad de pasarse al régimen simplificado por el peso tributario que significaría hacia estos contribuyentes, se producirán cierres como sucedió en 2014, cuando hubo 2,5 negocios cerrados por cuadra de acuerdo con la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), momento en que las ventas minoristas habían caído un 6,5 por ciento.