Las provincias le exigirán $400.000 millones al Gobierno

El próximo miércoles el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso-Prat Gay, y el del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, se reunirán con gran parte de los 23 gobernadores para comenzar a discutir la futura ley de coparticipación federal de impuestos. Como parte de la negociación, las provincias estarían dispuestas a pedirle al gobierno nacional que les devuelvan $400 mil millones.

Según pudo saber Infobae, Prat-Gay y Frigerio intentarán buscar una salida política a los problemas que comenzaron tras la aplicación que realizó el gobierno kirchnerista de diferentes fallos de la Corte Suprema y podrían generar serios problemas en las cajas del Tesoro Nacional, la Anses y la AFIP.

La intención de los gobernadores justicialistas es reclamarles a la Corte Suprema y al Gobierno lo mismo que reciben Córdoba, Santa Fe y San Luis a partir de las sentencias dictadas a fines del año pasado. En esas resoluciones el máximo tribunal se pronunció en contra de un descuento de 15% que aplicaba el Poder Ejecutivo en la coparticipación para financiar a la Anses.

Estos fallos involucraron sólo a tres provincias porque son las únicas que presentaron demandas contra el gobierno nacional en 2006. En ese entonces el presidente era Néstor Kirchner y las detracciones continuaron durante la gestión de Cristina Kirchner.

El problema para el gobierno nacional es que si todas las provincias reciben fallos similares, este año la Anses debería devolverles $80.000 millones y la AFIP otros $15.000 millones, lo que arroja la friolera de $95.000 millones, según los datos que informó la consultora Economía & Regiones.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia es retroactivo a enero de 2006. Es por ello que algunos gobernadores justicialistas sostienen que en realidad deben recibir unos $300 mil millones adicionales (235 mil de Anses y 50 mil de AFIP).

Hace dos semanas se reunieron en Buenos Aires los fiscales de Estado de 18 provincias para consensuar un formato único de embestida judicial. Allí se comenzó a armar una estrategia individual de demandas para que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad de la detracción que hacen a las provincias la Anses y la AFIP y también del DNU del gobierno actual que derogó otro de Cristina de Kirchner, que extendía el cese de la detracción a todas las provincias.

El jueves pasado los ministros de Economía de 10 provincias justicialistas (Salta, San Juan Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Cruz, Entre Ríos, Misiones y Tucumán) acordaron en una reunión en Buenos Aires que rechazarán la propuesta del gobierno nacional de avanzar en un nuevo reparto de fondos que incluya una descentralización de nuevas responsabilidades hacia el interior.

Tienen la intención de recibir exactamente el mismo beneficio del que hoy gozan Córdoba, San Luis y Santa Fe. "En el caso de esas tres provincias el fallo no habla de un traspaso de nuevas competencias", manifestó a Infobae uno de los ministros que asistió a la reunión, quien además señaló que "no existe la posibilidad de que nuestras provincias reciban, a cambio de más recursos, nuevas responsabilidades, como el traspaso de fuerzas de seguridad como ocurrió con la Ciudad de Buenos Aires".

El diputado Sergio Massa presentará un proyecto de ley para derogar el artículo 67 de la ley Nº 13.850 y de todas las normas provinciales que ratificaron y prorrogaron el acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales celebrado el 12 de agosto de 1992, llamado Pacto Fiscal, que autorizó a la Nación a retener el 15% de la masa coparticipable para financiar a la Anses. Este artículo es uno de los escollos más grandes para poder mejorar la distribución de la masa coparticipable.

Lo que descarta la mayoría de los gobernadores es un acuerdo similar al caso de la Ciudad de Buenos Aires. En enero pasado por un decreto, se dispuso un aumento en el porcentaje de coparticipación que recibe la Capital Federal. Este se fijó en el 3,75% del total nacional a través del decreto 194/2016. El texto dispone además derogar el decreto 705 publicado en el año 2003 donde recibía el 1,9 por ciento. En 2015, la Ciudad de Buenos Aires declaró haber recibido $7.763 millones en concepto de coparticipación y pasará a recibir unos 14.500 millones este año por ese concepto.

El fuerte impacto que los fallos tienen en el flujo de la coparticipación federal de impuestos, ya que el dinero corresponde a las provincias y la Nación no puede retenerlo, no es el único problema. La Anses podría quedar desfinanciada en caso de tener que devolver a las provincias el 15% que les retuvo desde el 2006 hasta la fecha y además aumentaría el déficit fiscal de la Nación.