El TSJ de Venezuela ratificó el decreto de emergencia económica de Nicolás Maduro

Así lo resolvió la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, desconociendo la decisión del Parlamento de mayoría opositora que lo rechazó

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La medida tendrá una duración de, por lo menos, tres meses AFP 163
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El decreto "entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto" en la ley, señaló un fallo publicado por el TSJ en su sitio internet.


La Sala Constitucional de la corte resolvió así un "recurso de interpretación constitucional" interpuesto por dirigentes comunales, tras la negativa de la Asamblea Nacional, el pasado 22 de enero, a convalidar el decreto con el que Nicolás Maduro se propone enfrentar la grave crisis económica que sacude al país petrolero.


La sentencia argumenta que el control legislativo sobre los estados de excepción "no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos", además de que dicho procedimiento debió realizarse en sesión especial como prevé el reglamento interno de la cámara.


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El parlamento, bajo control opositor desde el pasado 5 de enero y que acusa al TSJ de estar al servicio del gobierno, rechazó el decreto con el argumento de que las medidas planteadas allí solo profundizan un modelo de control estatal "fracasado".


Venezuela bordea los 160 puntos en el "índice de miseria proyectada para 2016". Sobre esta nación también pesa el precio del petróleo, que ahora cotiza en mínimos y que representa el 95% de las exportaciones de la región. Y un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que la suba de precios llegará al 720% este año, frente al 275% que alcanzó en 2015.


Según el gobierno, el decreto allanará acuerdos con el sector privado para reactivar la producción, mientras se transita desde un modelo rentista petrolero "agotado", a uno productivo.


Pero la oposición y el principal gremio de empresarios del país lo rechazaron por considerar que abre la puerta a nuevas expropiaciones y establece un "corralito" sobre el devaluado bolívar, al fijar límites a las operaciones con moneda local.


La oposición opina que el gobierno debe revertir el férreo control de precios de productos altamente subsidiados y unificar los tres tipos de cambio de divisas, que conviven con un dólar paralelo 162 veces más alto que la menor tasa oficial.