El viernes fue un día histórico para la Argentina porque el mediador entre los representantes del gobierno argentino y los holdouts, Dan Pollack, emitió un comunicado que elogió de modo inusual la propuesta para comenzar a cerrar el largo litigio de la deuda en default que encabeza un grupo de bonistas que representaban 1% de la deuda total, pero al que luego se fueron sumando otros, denominados "me too".
A esa reacción se agregó la del secretario del Tesoro, Jack Lew, que llamó por teléfono al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y catalogó como "esfuerzos de buena fe" las negociaciones que el Gobierno lleva adelante para cerrar el juicio que holdouts iniciaron después de la crisis de 2001.
De ahí que en la apertura de la semana, en la que el juez Thomas Griesa se presentó a la Corte de Nueva York para analizar la iniciativa de la Argentina y el aval del mediador (special master), Dan Pollack, luego de que dos fondos anticiparan su aceptación, como previamente habían hecho más de 50.000 tenedores italianos de títulos en default, se podría dar el caso que se asista a otra "jornada histórica" en 15 años.
Es que si el magistrado reimpone una medida cautelar "stay" que había levantado a fines de 2012, el gobierno argentino podría comenzar a regularizar pagos a holdins, bonistas que aceptaron las condiciones de los canjes de los títulos declarados en default a fines de 2001, que tuvieron lugar, primero en 2005 y luego en 2010 que residen fuera del país, porque se vieron imposibilitados de cobrar, por el temor que tenían las anteriores autoridades de que esos fondos fueran embargados hasta que se liberara una suma equivalente para los holdouts que ganaron el juicio, tras el fallo final a su favor el 30 de junio de 2014.
Alfonso Prat-Gay estimó que con una cautelar muchos fondos quedarían acorralados
Pero además, se estima que si Thomas Griesa reimpone el stay, aumentarían las probabilidades de que los fondos que aún no aceptaron la propuesta argentina lo hagan.
En la iniciativa difundida por el gobierno argentino el pasado viernes, con una quita sobre la deuda global de unos USD 9.000 millones cercana a 28%, con un pago total de USD 6.500 millones se destaca que sería un paso clave que el juez dicte un "stay" a favor del país y que se detenga, durante el plazo que disponga el magistrado de Nueva York, la vigencia del "pari passu" del fallo de diciembre de 2012 a favor de los fondos litigantes, extendida en octubre de 2015 para los "me too".
De ahí que si Griesa aceptara imponer esta medida cautelar, la Argentina se liberaría, durante el tiempo que dure la negociación con los acreedores, de eventuales sanciones contra la emisión de deuda soberana dentro y fuera del mercado local.
Aún resta convencer a más del 90% de los acreedores en default
De la lista de acreedores con fallo a favor del juez Griesa, bajo la fórmula "pari passu", esto es que deberán comenzar a cobrar la deuda del gobierno argentino al mismo tiempo que gire pago a los holdins, y que suman un total de USD 9.000 millones, por los que ahora la Argentina propone reducir a un pago global de USD 6.500 millones a esos litigantes, sólo aceptaron las nuevas condiciones que presentó el equipo negociador integrado por el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana, los fondos Dart Management (EM Limited) , por un total de USD 724,4 millones y Montreux Capital por USD 48,6 millones.
Mientras que entre los que aún se muestran duros, aunque en Hacienda esperan que cambien de postura, se destacan los fondos de Paul Singer (Elliot Management), que reúne un total de casi USD 2.300 millones y FFI – Bracebridge con poco más de USD 1.120 millones.
Salir del default permitirá mejor nota crediticia y el acceso al crédito para obras en todo el país
También sobresalen las demandas de Aurelius Capital Partners USD 724 millones; Blue Angel Capital USD 560 millones; Perez et. Al. USD 450 millones, y en menor medida pequeños administradores de carteras que en conjunto suman unos USD 3.100 millones.
El equipo económico considera clave avanzar rápido hacia una salida consensuado de lo que queda del mega default de la deuda pública, apenas 7% del total, porque automáticamente disparará una mejora en la calificación de riesgo soberano y de esa manera acceder con menor costo a los mercados financieros internacionales, para cubrir tanto las necesidades de financiamiento del abultado déficit fiscal heredado, como para dar impulso a obras de infraestructura social y económica en todo el país. Además, habilitaría el acceso al crédito en mejores condiciones a las gobernaciones y empresas.