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El debate sobre una ley de amnistía para políticos presos y exiliados comenzó este jueves en el Parlamento venezolano, controlado por la oposición, que da por descontado su aval ante el rechazo del oficialismo.
"Unión, paz y reconciliación nacional es el clamor de los venezolanos, por ello es tan necesaria la aprobación de una ley de amnistía", dijo desde la tribuna de oradores la diputada opositora Delsa Solórzano, a cargo del proyecto.
De momento no está previsto que la iniciativa –que busca el indulto para unos 75 opositores encarcelados– sea sometida a votación.
Poco antes del inicio de las sesiones, el jefe del bloque chavista, Héctor Rodríguez, reiteró el rechazo del oficialismo por considerar que la ley busca dejar impunes crímenes cometidos por dirigentes opositores en su intención de llegar al poder.
"No la apoyamos porque es una ley que pretende generar impunidad, mediante la cual los victimarios buscan perdonarse a sí mismos", señaló Rodríguez a periodistas.
La sesión transcurría en medio de arengas de las barras del oficialismo y la oposición, entre quienes se encontraba Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder radical Leopoldo López, con una pancarta que decía "Amnistía más reconciliación, igual paz".
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Retomando esa frase, Solórzano manifestó que "los venezolanos anhelan justicia, paz, reconciliación y amnistía para los presos, perseguidos y exiliados políticos", así como para empleados públicos que, según dijo, han tenido que enfrentar a la Justicia por su oposición al Gobierno.
Rodríguez, en tanto, manifestó haber recibido un documento con un exhorto a la bancada chavista para que rechace el proyecto, de parte de familiares de personas muertas o heridas durante protestas opositoras que buscaban la renuncia del presidente Nicolás Maduro en 2014.
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Esas revueltas dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de ese año y motivaron el enjuiciamiento de López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de cárcel por cargos de incitar a la violencia.
Al presentar su informe anual de labores ante la Asamblea el 15 de enero, Maduro –que anunció que vetará la ley– propuso una comisión para resolver la situación de los detenidos, siguiendo modelos como el que puso fin al Apartheid en Sudáfrica.