La verdad sobre los subsidios a la electricidad en Argentina

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No sin cierto grado de sorpresa leí este último fin de semana una columna de opinión en el portal OETEC escrita por el Arq. Julio M. De Vido, exministro de Planificación, Inversión pública y Servicios de la Nación y responsable de la política energética del país durante los últimos 12 años, de la cual se hizo eco por las redes sociales la expresidente de la República Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

En su artículo el exministro manifiesta que la política de subsidios a la electricidad "fue para los 40 millones de argentinos" y que los $ 90 mil millones en subsidios erogados por el estado nacional durante el año 2015 fueron a "subsidiar el precio mayorista que pagan por igual todas las distribuidoras del país" (negrita en el original). El exministro también indica que "las distribuidoras que en su mayoría son los gobiernos provinciales (sic)...se han apropiado de la renta que produjo tener un precio de energía mayorista subsidiado por el Estado Nacional y en lugar de trasladar el beneficio a los usuarios, fijaron tarifas de distribución exorbitantes para hacerse de esa renta extraordinaria". El Arq. De Vido menciona que el proceso de Convergencia Tarifaria firmado entre el Estado Nacional y las provincias fue una muestra de "Federalismo Inclusivo" al "reducir la disparidad en las tarifas de distribución cobradas por las provincias a cambio de obras", y que los subsidios a Edenor y Edesur por parte del estado nacional "permitieron aumentar el consumo de electricidad en el AMBA en un 60% destinando mayor cantidad de recursos para la inversión a través del fondo fiduciario FOCEDE".

Siguiendo expresas instrucciones del Presidente Macri de decir la verdad, a continuación voy a demostrar que las aseveraciones del Arq. De Vido son falaces y que fue precisamente la política que implementó el exministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios la que nos llevó a la situación de cuasi colapso que vive actualmente el sector eléctrico en nuestro país.

En primer lugar, la aseveración de que la política de subsidios fue para los 40 millones de argentinos y que benefició por igual a todas las distribuidoras del país contradice normas dictadas por la propia Secretaría de Energía de la Nación durante el año 2012, Secretaría que estuvo durante toda la administración de los expresidentes Kirchner bajo la órbita del ministro De Vido. En efecto, la Resolución SE 2016/2012 fijó los precios estacionales (con y sin subsidio) para las diferentes distribuidoras del país con diferencias de hasta el 146% entre dichos precios, por ejemplo 59.8 $/MWh para la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz (Mendoza) frente a 135.4 $/MWh para la Empresa Provincial de Energía de Córdoba ó 147.3 $/MWh para la cooperativa de Necochea. Semejantes diferencias en los precios de compra de la energía por parte de las distribuidoras no pueden explicarse ni por pérdidas en la red de transporte ni por diferencias en la composición de la demanda, fueron simplemente discriminatorias. Esta discriminación geográfica en los precios a su vez generó, y contrariamente a lo que afirma el exministro, enormes inequidades en el reparto de subsidios.

El gráfico siguiente ilustra estas inequidades. Asumiendo (como hace el exministro) un costo promedio de generación de 750 $/MWh para el año 2015 y los precios mayoristas por distribuidora indicados en la Res. SE 2016/2012, los subsidios por usuario residencial y comercial mostraron una enorme disparidad durante el año pasado. En efecto, un usuario residencial o comercial de EDESUR recibió el año pasado más de $3.500 en subsidios al precio mayorista de la electricidad mientras que el mismo usuario en Salta recibió sólo $1.200. Idénticas diferencias pueden observarse entre usuarios residenciales o comerciales de EDENOR ($3.100) o EDEMSA de Mendoza ($3.460) y EPEC de Córdoba ($1.705) ó la EPE de Santa Fe ($2.400). ¿Qué justificación económica pueden tener diferencias de más del 100% en los precios mayoristas de la electricidad en distribuidoras de provincias que son vecinas como Santiago del Estero con 65 $/MWh y Córdoba con 135.4 $/MWh? Ninguna por supuesto, sólo discriminación a favor de una y en detrimento de la otra.

El exministro sin embargo busca culpar a las distribuidoras provinciales por las diferencias tarifarias argumentado que fueron ellas las que se "apropiaron de la renta generada por los subsidios" aumentando las tarifas de distribución. Este es un argumento falaz por varios motivos. En primer lugar acabamos de demostrar diferencias en los precios mayoristas de la electricidad de más del 100% entre provincias, en segundo lugar las distribuidoras provinciales debieron aumentar sus tarifas de distribución a causa de la inflación de costos generada por la política económica del gobierno nacional, de hecho los aumentos tarifarios en el interior nunca llegaron a cubrir la inflación acumulada entre el 2003 y el 2015 estimada en más del 1000%. En tercer lugar, el proyecto de Convergencia Tarifaria que el exministro califica como de "federalismo inclusivo" no hizo sino agravar aún más el problema ya que el virtual congelamiento en las tarifas de distribución entre 2013 y fines del 2015 -estipulado en dicho acuerdo- empujó a muchas distribuidoras del interior a dejar de pagar la electricidad que compraban en el mercado mayorista como única vía para cubrir sus costos operativos. El acuerdo de "federalismo inclusivo" provocó el desfinanciamiento de las distribuidoras y el derrumbe en la recaudación de CAMMESA que, sumado a los cuantiosos subsidios a EDENOR y EDESUR ($10 mil millones en 2015 pagados por todos los argentinos), generaron el mayor déficit de la historia de CAMMESA alcanzando el récord de $ 100 mil millones durante el año 2015.

El exministro habla de las inversiones realizadas en las redes de distribución de EDENOR y EDESUR en los últimos años de su gestión pero olvida el alarmante deterioro en la calidad del servicio prestado por dichas compañías. Los índices que miden la frecuencia en las interrupciones del servicio (SAIFI) y la duración de dichas interrupciones (SAIDI) se incrementaron en un 120% y un 460% durante su gestión mostrando claramente el fracaso del modelo implementado llevando a la necesidad de utilizar unidades de generación móvil (UGM) a gasoil para evitar perjuicios aún mayores, pero a costa de un exorbitante costo marginal de generación eléctrica.

Por último, la política de subsidios indiscriminados llevada a cabo por el gobierno saliente lejos de ser equitativa fue discriminatoria no solamente hacia los usuarios del interior sino también hacia los sectores de menores ingresos. La Encuesta de Gasto de las Familias (EGF) realizada por el INDEC (intervenido por la anterior administración) en 2012 ilustra que los subsidios a la electricidad y al gas natural en particular beneficiaron en mucha mayor medida a los sectores de mayores ingresos ya que son estos los que hacen un uso más intensivo de dichos servicios, fundamentalmente el gas natural. Un hogar de bajo nivel de ingresos seguramente no tenga conexión a la red de gas natural y no posea ingresos suficientes para tener aire acondicionado central.

En síntesis, los subsidios a la electricidad no fueron para los 40 millones de argentinos, fueron discriminatorios favoreciendo a usuarios de ingresos medios y altos que viven en las grandes ciudades, fundamentalmente CABA y GBA.

La nueva política del sector viene a cambiar esto, eliminando los subsidios a EDENOR y EDESUR (que pagaban todos los argentinos con más impuestos e inflación), fortaleciendo la inversión y además apunta a una reducción gradual de los subsidios a la generación de electricidad enviando señales de precios que reflejen la real escasez del recurso pero al mismo tiempo premiando el ahorro energético y ayudando con una Tarifa Social a aquellos hogares que no puedan afrontar tarifas más alineadas con los costos de prestación del servicio.

Quién quiera oír que oiga!