Claudio Avruj: "El gobierno nacional no comparte los dichos de Darío Lopérfido"

En el piso de InfobaeTV, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo que el cuestionamiento a la cifra de 30.000 desaparecidos que hizo Darío Lopérfido "se trató de una opinión personal, que no comparte el gobierno nacional y podría decir que tampoco el Gobierno de la Ciudad". Para el funcionario, "30.000 es un número emblemático en la cultura argentina".

En una entrevista que tuvo lugar antes de la reunión que los organismos mantuvieron ayer con Marcos Peña, Germán Garavano y él, Avruj dijo que "los derechos humanos son política de Estado en la Argentina", y ratificó que en mayo del 2017 Buenos Aires será sede del III Foro Mundial de DDHH. En relación a la detención de Milagro Sala, aseguró que "de ningún modo se trata de una presa política".

–Arranquemos con una noticia que me parece muy importante y que no tuvo mucha difusión, y es que la Argentina ratificó el compromiso de que Buenos Aires sea sede del III Foro Mundial de los Derechos Humanos a realizarse en mayo del año próximo.

–Exactamente, nosotros tomamos el compromiso de llevar a cabo en mayo de 2017 el III Foro Mundial de Derechos Humanos. Lo hemos ratificado en la reunión internacional del organizador que se realizó el viernes pasado en Porto Alegre. Entendemos que se trata de una oportunidad muy importante para nuestro país, y se inscribe en lo que concebimos como política de Estado de derechos humanos y lo que nos pide el presidente Macri en cuanto de buscar, por todos los medios, de cumplir con el objetivo de unir a todos los argentinos. Un foro de esta magnitud que nos permite dialogar con muchas organizaciones de la sociedad civil, incorporar el conocimiento de intelectuales nacionales e internacionales, interactuar con todas las áreas de gobierno y poder avanzar en la agenda del presente y futuro de los derechos humanos es muy valioso. Nosotros estamos alineados con la agenda 20/30 que marcó Naciones Unidas, que nos plantea el desafío de combatir la pobreza, el compromiso con el medio ambiente, unir a los argentinos y construir sociedades unidas y pacíficas, la inclusión, la diversidad, la lucha contra la violencia institucional, la trata de personas y la violencia de género. El saber no está solo en el funcionario de turno de un gobierno, y por eso la importancia del Foro que se realizará el año próximo. La inteligencia de los funcionarios es poder articular y poner en práctica esos saberes en políticas públicas en beneficio de todos.

–Usted lo que dice es que hay un compromiso de que los derechos humanos son política de Estado, es decir, el gobierno de Mauricio Macri ratifica la política de Estado.

–No hay ninguna duda. La Argentina desde el advenimiento de la democracia ha desarrollado un modelo en derechos humanos con sus matices, con sus avances y retrocesos, pero ha ido en un camino constante. Esto lo tenemos que profundizar y es política de Estado, porque los derechos humanos son fundamentalmente de la gente, no de un gobierno.

–Hay una legitimidad que excede a los gobiernos.

–Los derechos humanos se despliegan y está en la capacidad de los gobiernos de interpretar estas necesidades y convertirlas en legislación, protegerlos y promocionarlos, pero de ningún punto de vista son propiedad de un gobierno, y mucho menos pensar que la ideología es la dueña de los derechos humanos. Hay un concepto universal de los derechos humanos, y son de la gente. Se trata de buscar la dignidad humana y el desarrollo humano, eso nos lleva a unir a los argentinos y llegar a la pobreza cero.

–Es muy importante esta ratificación que usted realiza, porque la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se quejó porque el Presidente no recibía a los organismos de derechos humanos. ¿Hay algún tipo de discriminación?

–Un gobierno lo componen muchos funcionarios y estamentos. Con los organismos me reúno muchas veces, con Estela, con quien tengo una excelente relación, también nos reunimos muchas veces. La agenda del Presidente es muy apretada, y la está atendiendo hoy a la tarde (la entrevista con Avruj se realizó ayer miércoles por la mañana) el jefe de Gabinete, la segunda persona más importante en el organigrama del Gobierno. Hay que poner en foco que la reunión se realizará en la Casa Rosada y con la asistencia del anfitrión principal, el jefe de Gabinete Peña, el ministro de Justicia Garavano y yo representando a la Secretaría.

–Es bueno también aclarar que el hecho de que no los reciba hoy Macri no quiere decir que no los va a recibir en el futuro.

–Es el comienzo del diálogo, o la continuidad, porque yo vengo teniendo una relación muy fluida en la Secretaría de Derechos Humanos.

–También ha despertado suspicacias dentro de los organismos una reunión que usted tuvo con familiares de víctimas del terrorismo. ¿Qué puede decir al respecto?

–Nosotros estamos plantados en llevar a cabo una política de puertas abiertas y de diálogo. El objetivo de unirnos va a ser logrado en la medida en que podamos hablar con todos los actores de la sociedad. Obviamente que hay un límite, los que reivindiquen el terrorismo de Estado o lo nieguen no van a tener lugar en un diálogo conmigo. Esta organización se plantea como víctimas civiles del terrorismo, y hablan de la invisibilización que se dio en los casos de muertos civiles, un problema que tuvieron desde el comienzo de la democracia, no solo durante el gobierno anterior. En esta reunión, en la que no participaron militares, tomé conocimiento de tres casos. Solo conocía el caso del gerente de la empresa Bunge y Born, que está contado en el libro de María O'Donnell, que vino a desarrollarlo a la Secretaría una de las hijas. Se trata de alguien que fue asesinado en el marco del secuestro de los hermanos Born. Otro caso es el de un obrero metalúrgico cuyo hijo de tres años, que iba de la mano de la madre a hacer un trámite a un banco, muere en un ataque de robo al banco. Otra persona, que es una persona mayor, viuda de una persona que trabajaba en un caja de jubilación de comercio que se había negado a asistir económicamente a Montoneros y, según ese testimonio, fue asesinado en represalia. Me pidieron que los escuche, que iban a pedir otras reuniones con otros funcionarios. No se habló ni de prescripción de los juicios, algo que no hubiéramos permitido, porque los juicios de lesa humanidad continúan, no hay forma de que vayan hacia atrás. Por el contrario, ayudamos a que la Justicia independiente termine y lleve adelante los juicios, como corresponde. No se habló de reinvindicar el terrorismo de Estado. Fue una reunión que yo como secretario de Derechos Humanos tengo que hacer, porque es mi deber recibir a todos aquellos que vengan a demandar abusos o deudas en materia de derechos humanos.

–La verdad que sí, es su obligación. Otro tema polémico sobre el que quiero preguntarle es acerca de unas declaraciones que hizo el ministro de Cultura de la Ciudad, Darío Lopérfido, sobre el número de los detenidos-desaparecidos. Dijo algo que todos sabemos, que no son 30.000 los desaparecidos que están registrados, que son notoriamente menos, felizmente no son 30.000. Pero que un funcionario cuestione ese número provocó un shock entre las personas más sensibilizadas con la agenda de los derechos humanos. ¿Cuál es la posición del secretario de Derechos Humanos del gobierno nacional?

–Es importante aclarar este tema. Por empezar, se trató de una opinión vertida a nivel personal, que no representa la posición del Gobierno. Obviamente no es la posición del gobierno nacional ni tampoco del Gobierno de la Ciudad, hasta donde yo sé. Esta discusión no nos hace bien en el objetivo de unir a los argentinos, tiene que ver con viejas discusiones o peleas que no nos hacen bien. Nosotros pensamos que uno, 1.000, 10.000, 30.000 tiene exactamente el mismo valor, porque hablamos de víctimas del terrorismo de Estado. Por otra parte, 30.000 es un número emblemático en la cultura argentina. Es cierto que el libro CONADEP con sus anexos está hablando de 9.000 o 10.000 denuncias o casos comprobados. De hecho el Monumento a las Víctimas del Terrorismo que está en el Parque de la Memoria que estaba a cargo mío cuando yo estaba en la Ciudad, tiene ese número. Eso no quita que todavía hay denuncias en curso. Pero esa no es la discusión, sino saber que tenemos una deuda en la sociedad argentina, una herida a cerrar, y que tenemos que trabajar hacia adelante. Estamos hablando de la muerte, desaparición y lo que fue la tragedia del terrorismo de Estado, que nos dejó enormes secuelas.

–Claro, usted lo que dice es que cuestionar esa cifra hiere sensibilidades que no es necesario ahondar en este momento.

–Absolutamente.

–Había otra deuda en Buenos Aires, que era el monumento a las víctimas del Holocausto y ayer se inauguró justamente en la Plaza de la Shoá.

–Sí, fue un acto muy emotivo con más de 500 personas en la Plaza de la Shoá, la Plaza del Holocausto, Libertador y Bullrich. Hemos podido cerrar un ciclo que comenzó en 1996 cuando se promulgó la ley de construcción del monumento a las víctimas del Holocausto, que realizó el diputado Mendoza de Chaco, pero que por diversas cuestiones de la desidia y la burocracia, no se había podido concretar. Logramos que se construya el año pasado, pero por las circunstancias políticas, por el conflicto con la comunidad judía a raíz del Memorando con Irán, no se inauguró. Recién se concretó esta semana. No se trata de un monumento frío, sino una historia realizada a través de hitos que se proponen construir una sociedad fiel a la democracia, comprometida con las instituciones, comprometida con la santidad de la vida y el respeto y la valoración de la diversidad.

–Claro, porque lo que se busca con los monumentos al Holocausto es que provoquen una reflexión de lo que pasó, por qué pasó y, sobre todo, cómo evitar que vuelva a pasar.

–Ese es el punto central. Cuando se habla de memoria no se trata de dejarlo congelado, sino hablar de ese pasado tortuoso para que no se repita y para no quedarnos en la venganza ni en la revancha, porque el odio nos pone en el mismo lugar que el perpetrador. La Justicia lo que hace es terminar con que la violación se siga repitiendo, pero es el pasado, y tenemos que trabajar en los derechos humanos del presente y el pasado.

–Vi unas imágenes muy lindas de un acto que se hizo, creo, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde víctimas de campos de concentración que viven en la Argentina tuvieron gestos de gran afecto con el presidente Macri. Parece que hay una nueva relación entre la comunidad judía y el gobierno argentino, ¿no es así?

–Así es, nosotros trabajamos mucho el colectivo de las comunidades, porque somos un mosaico de colectividades. Aquí conviven 50 colectividades. No es posible que un Gobierno se enfrente con ninguna de ellas. Un Estado tiene que proteger y promover los derechos humanos. El acto con los sobrevivientes fue una verdadera reparación. Que el Presidente los reciba en su casa en el día que se recuerda el Holocausto y le agradezca a los sobrevivientes su entrega de vida tiene un significado fantástico.

–Amnesty Internacional en la Argentina hizo un comunicado muy fuerte en relación a la detención de Milagro Sala, dice que es una presa política.

–Nosotros consideramos que no, que no es una presa política. Somos respetuosos de las decisiones de la Justicia provincial, en este caso de Jujuy. Sí puedo decir que estamos en contacto permanente con la Secretaría de Derechos Humanos de Jujuy, a la que le solicitamos que tenga una presencia activa cerca de Milagro Sala; sabemos que está bien, cuidada en las condiciones de detención, que no hay ningún abuso de derechos humanos. Seríamos los primeros en denunciarlo si eso pasara. No estamos de acuerdo con ninguna criminalización de la protesta tampoco. En este caso hay un criterio que la Justicia jujeña ha tomado y que nosotros respetamos, por la soberanía que ellos tienen.