Los 10 puntos que inquietan a Nación y Provincias para definir el reparto de impuestos

"La reforma al régimen de transferencias de recursos debería contener incentivos para que las provincias dirijan en mayor medida sus recursos a la construcción de infraestructura económica y social con el mayor rendimiento para la sociedad, y para que se obtengan mejoras observables en los servicios que prestan los gobiernos subnacionales, especialmente en materia de educación, salud y seguridad", observa un análisis del IERAL de Fundación Mediterránea.

El trabajo a cargo de los economistas Marcelo Capello, Néstor Grión y Vanessa Toselli sostiene que "las actuales necesidades fiscales provinciales y un Gobierno nacional que expone una mayor predisposición a establecer reglas de juego claras, pueden generar el espacio político que haga viable una reforma al régimen de coparticipación de impuestos. No obstante, sería bueno considerar otros aspectos adicionales que merecerían una discusión profunda en la relación Nación-Provincias en Argentina".

Los principales desafíos

1. Distribución de recursos entre Nación y Provincias: La proporción de recursos que fluyen hacia las provincias en forma automática pasó de 32,5% de la recaudación tributaria nacional total en 1991, a 27,6% en 2015, aun incluyendo los recursos del Fondo Federal Solidario (FFS) entre los recibidos por los gobiernos subnacionales. Esto sin contar que el gobierno nacional se queda con el producido del impuesto inflacionario, que en el último año aportó más de 2 pp del PIB a la Nación;

2. El financiamiento de ANSES vía coparticipación: el Sistema Nacional de Seguridad Social habría recibido en 2015 aproximadamente $222.000 millones de recursos tributarios, de los cuales cerca de $130.000 millones corresponden a recursos resignados por el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, ya que de no existir el esquema actual hubiesen fluido hacia ellas como resultado del régimen de coparticipación federal de impuestos (el resto de los recursos fue resignado por el Tesoro Nacional y el fondo ATN). Lo resignado por provincias en 2015 para financiar a la seguridad social nacional resulta equivalente a un 43% de los recursos tributarios propios de las provincias en dicho año. A su vez, los recursos de la coparticipación recibidos por Anses, constituyen un 32% de sus recursos totales;

3. El financiamiento de las Cajas Provinciales de Jubilaciones: existen 13 provincias que transfirieron sus sistemas previsionales a mediados de los años noventa a la Nación, en que Anses les financia sus déficits. Algunas de éstas han creado sistemas complementarios de compensación para garantizar pagar el 82% móvil a sus beneficiarios, financiados con recursos propios. Luego se encuentran las 11 Cajas no transferidas a Nación, que en los últimos años no recibieron ayuda de Anses para financiar sus desequilibrios. En 2013 las Cajas Transferidas tuvieron un déficit de $3.171 millones y cubren al 28,6% de la población mayor a 65 años del país. En consecuencia, para que hubiese existido un trato equitativo, las Cajas no transferidas deberían haber recibido recursos en forma de envíos automáticos de la Nación por un monto equivalente a $7.920 millones anuales;

4. La presión tributaria récord y la necesidad de recuperar competitividad: aun cuando las provincias perdieron participación en el reparto relativo de la renta tributaria nacional, en contraposición a la Nación, las transferencias como proporción del PBI fueron subiendo en los últimos años: pasaron de 5,3% en 2000 a 9,3% en 2015. Esto fue posible por el incremento récord ocurrido en la presión tributaria;

5. La distribución entre Provincias (coparticipación): ya el reparto previsto en la Ley 23.548 tenía problemas en su origen, por cuanto contenía índices para cada distrito que no surgían de indicadores objetivos, y que evidenciaban diferencias entre jurisdicciones difíciles de explicar desde la racionalidad económica o social;

6. Otras transferencias automáticas a provincias y el problema de la provincia de Buenos Aires: Los giros han sufrido numerosas modificaciones desde comienzos de la década del noventa, muchas de ellas incorporando detracciones a la coparticipación federal para financiar la seguridad social, a la vez que se han creado en ese lapso tributos parcialmente coparticipados, todo lo cual ha conducido a una continua pérdida de participación de los gobiernos provinciales en el reparto de los recursos tributarios nacionales. Pero dichas detracciones no sólo desnivelaron el reparto hacia la Nación, sino que también existieron cambios que modificaron la distribución entre provincias;

7. Las transferencias discrecionales a provincias y un sistema irracional de nivelación: En los últimos 12 años Santa Cruz fue la gran ganadora en la distribución de fondos discrecionales, al ser beneficiada en más de $124.000 por habitante en todo el período, siendo paradójicamente una jurisdicción de elevado ingreso per cápita. Algo más rezagada pero también claramente beneficiada resultó La Rioja, que recibió fondos por más de $78.000 por habitante;

8. La baja correspondencia fiscal en provincias las vuelve menos responsables para gastar: En la mayor parte de las provincias, los recursos propios no alcanzan para financiar ni la mitad de sus erogaciones. El peso de las transferencias automáticas en los recursos tributarios de las provincias va desde 39% en Buenos Aires hasta alrededor del 93% en Formosa. Con tal dependencia fiscal, resulta difícil esperar comportamientos fiscales responsables en jurisdicciones en que una gran porción de su gasto se financia con recursos que aportan otras jurisdicciones;

9. La viabilidad fiscal en Nación y Provincias y un nuevo esquema de Responsabilidad Fiscal: el sector público argentino ha vuelto a caer en profundos desequilibrios fiscales en el último lustro, en que el conjunto de provincias no resulta la excepción. Ambos niveles de gobierno, especialmente el nacional, mostraron una extraordinaria expansión en gasto y presión tributaria en la última década, incumpliendo criterios de responsabilidad fiscal; y

10. La necesidad de un modelo de desarrollo basado en la generación de empleo privado productivo: el empleo privado y formal en la Argentina resulta escaso en comparación con otros países. Por ejemplo, en Chile 37 de cada 100 habitantes se desempeña en un puesto formal del ámbito privado, guarismo que alcanza a 42 de cada 100 habitantes en el caso de Australia, mientras que en Argentina la referencia concreta alude a un nivel de 18 ocupados privados formales cada 100 habitantes. El esquema de distribución de recursos a provincias debe generar menos incentivos para expandir el empleo público, y más incentivos para generar empleo privado, infraestructura de calidad y fuertes progresos en materia de educación, salud y seguridad.