El Ministerio de Justicia echó a casi 500 empleados

La política de despidos en el Estado nacional aterrizó en el Ministerio de Justicia. Al igual de lo que ocurre en otras áreas, en la dependencia que conduce el radical Germán Garavano echaron a 486 empleados públicos. Según informaron desde la cartera, el personal cesanteado había ingresado después de julio de 2015 y nunca se habían presentado a trabajar desde que asumió Mauricio Macri en el poder.

Gran parte de la "purga" tuvo lugar en la secretaría de Derechos Humanos, que condujo hasta 2015 el camporista Julián Álvarez, y en el área de acceso a la Justicia (CAJ). También hubo desvinculaciones en Verdad y Justicia, dedicada al seguimiento de los juicios por la verdad y el portal de noticias Infojus, el órgano de difusión del Ministerio.

Garavano avanzó con los recortes a pesar de que mañana iba a juntarse con los sindicatos estatales ATE y UPCN para analizar la situación de los empleados del Ministerio.

El gremio ATE, que encabeza la resistencia a los despidos en el Estado nacional y ya protagonizó una jornada en frente de la ex ESMA, expresó su malestar por las desvinculaciones. En la reunión del miércoles, presentarán una lista con trabajadores que, en su opinión, fueron echados injustamente.

"Tenemos comprobado que la inmensa mayoría de despedidos trabajaba en Justicia, incluso muchos de ellos hacía 4, 6 años. Y hasta que Garavano no nos demuestre lo contrario, para nosotros todos son empleados que deben volver a sus puestos", afirmó Daniel Catalano, de ATE Capital, a Ámbito Financiero.

Por ejemplo, algunos de los despidos que formaban del informativo Infojus prestaban tareas técnicas precisas. Según señalaron los trabajadores en un comunicado, serían 10 los cesanteados entre los que había editores, redactores, fotógrafos y productores audiovisuales. En el mismo grupo puede incluirse los empleados de Verdad y Justicia, un área creada en 2007 y encargada de promover el desarrollo de los juicios de lesa humanidad, de investigar los crímenes del terrorismo de Estado y evaluar el riesgo de los testigos.

"No es cierto que hayan despedido gente que haya entrado en el último semestre, ya que hay gente que tiene ocho años de antigüedad aunque quizás pasaron en los últimos seis meses a la Secretaría de Derechos Humanos y contabilizan ese pase", dijo Romina Chiesa, de la Secretaría de Derechos Humanos de ATE, quien aseguró hay "discrecionalidad" en las cesantías. "Nadie contempla si la gente va o no a trabajar: se hizo una lista y se empezaron a mandar los telegramas", agregó en diálogo con Radio 10.

En cambio, otros recortes de personal estarían vinculados a incorporaciones "políticas", como los CAJ que, pese a haber sido creados para facilitar el acceso a la Justicia, en la práctica habrían "funcionado como despliegue territorial de La Cámpora".

Más allá de si el Ministerio contrató personal idóneo o bien incorporó a militancia rentada o "ñoquis", lo cierto es que la planta del ministerio de Justicia se duplicó en estos años y pasó de 3.000 a 6.000 empleados durante la gestión del ex ministro Julio Alak. Por esa multiplicación de cargos, el Gobierno puso bajo la mira al eslabón más débil de la cadena: los famosos empleados "precarizados" y los que están en planta transitoria.

Con este panorama de inestabilidad laboral, los trabajadores estatales están en estado de alerta y movilización. El proceso de revisión recién arrancó y tendrá un nuevo capítulo en marzo, cuando finalice la prórroga de los contratos por tres meses que dispuso la gestión macrista. "Funcionarios nos han dicho que en marzo va a ser mucho peor, ya que los daños colaterales van a ser mucho más grandes", alertó Chiesa.

Solo en la administración nacional, hay más de 4.000 empleados despedidos o con contratos dados de baja. El número supera los 10.000 trabajadores si se consideran las provincias y municipios.