El Gobierno analiza el "modelo Córdoba" para combatir al narcotráfico

Tras la declaración de la emergencia en Seguridad, el gobierno de Mauricio Macri analiza realizar más anuncios en materia de lucha contra el narcotráfico, uno de sus tres ejes principales de la campaña electoral. Aunque hay varias opciones en carpeta, una de las iniciativas que resuenan es el esquema implementado por la provincia de Córdoba, que focaliza en el combate del "narcomenudeo".

La propuesta proviene del riñón del Ministerio de Justicia, que conduce Germán Garavano. El vínculo es directo. El funcionario trabajó como asesor en la elaboración de dicho "modelo", que incluyó la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba, un cuerpo especializado en la lucha contra el menudeo.

Según publicó el diario HoyDía, la intención de Garavano es implementar a escala nacional una fuerza de elite dedicada al control y desbaratamiento de los cargamentos de de estupefacientes. La idea es que el trabajo colabore en las fronteras del NOA y el NEA -las zonas por donde más ingresan las sustancias ilegales-, y se articule el eslabón del menudeo con los poderes judiciales que trabajen con fiscalías y fuerzas policiales directamente dependientes de ellas.

Detrás del "modelo Córdoba", existe todo un debate en cómo se combaten este tipo de delitos complejos. Con la ley 10.200 que sancionó la Legislatura cordobesa, la Provincia constituyó un cuerpo policial específico para la lucha del narcotráfico minorista, en marzo de 2014. Se trata de una norma complementaria a la ley de narcomenudeo, que se había sancionado en 2012 y otorgó a la Justicia provincial la potestad para investigar los casos de tenencia, consumo y cultivo personal de drogas. Las causas que implican grandes cantidades de estupefacientes seguían, con esa norma, bajo el fuero Federal.

El esquema cordobés, además, implica que la fuerza antinarcóticos opere de manera independiente a la gobernación y actúe bajo el mandato de la Fiscalía General de la Provincia. La autonomía implica también que es el Ministerio Público quien propone al director y al subdirector de la FPA, aunque los directivos luego son aprobados por la Legislatura provincial.

Córdoba fue la segunda provincia en impulsar el esquema de lucha contra el narcomenudeo, luego de que en 2005 el Congreso nacional devolvió a las policías y justicias locales la facultad para investigar este tipo de delitos. A esta ley de adhirieron también la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y Salta.

Hay reparos a este tipo de políticas de "desfederalización". Un informe de la Procuraduría Narcocriminal (Procunar) presentado en 2014 remarcó que hay menos posibilidades de realizar investigaciones complejas sobre narcotráfico en las provincias en las que la Justicia local se hace cargo de perseguir la venta al menudeo o microtráfico.

Según el organismo, al no investigar el narcomenudeo, la Justicia Federal ya no accede a información que le permita conocer la existencia del contrabando o narcotráfico de mayor porte.

El caso testigo es lo que ocurrió con la provincia de Buenos Aires, una de los distritos calientes. Para la Procunar, las causas por "tenencia con fines de comercialización" cayeron un 88 por ciento entre 2005 y 2008; las de comercio simple un 89 por ciento. También bajaron las causas por tenencia simple; las de almacenamiento simple; organización y financiamiento de tráfico; y la de transporte agravado.