Evo Morales cumplió 10 años en el poder y busca perpetuarse

Morales, un indígena aymara de 56 años que apenas acabó el colegio, llegó al Gobierno un 22 de enero con el 54% de los votos y se ha convertido en el mandatario boliviano que más tiempo lleva en el poder.

Catapultó a su país a un auge económico y a una estabilidad política y social inédita, con algunas medidas duramente criticadas, entre ellas la nacionalización de los hidrocarburos, clave en su gestión.

Con ella redujo el negocio de compañías como la española Repsol o la brasileña Petrobras, que, a pesar de las afectaciones, continúan operando en Bolivia. La renta petrolera subió de 673 millones de dólares en 2005 a 5.530 millones de dólares en 2014 y las reservas internacionales netas llegaron a 15.000 millones de dólares, una cifra nunca vista en el país.

El resultado ha hecho que en una década el PIB boliviano pasara de 9.525 millones de dólares anuales a 34.493 millones de dólares, parte de lo cual fue redistribuido en bonos para ancianos, niños y madres solteras, un colectivo desamparado en el país.

Los analistas advierten que Bolivia podría verse afectada por el desplome internacional del precio del crudo, algo que el Gobierno no comparte. "Si hemos aguantado 80 a 85 dólares de caída, ¿estaremos en posibilidad de aguantar una caída de 20 a 25 dólares? Yo creo que sí", dijo recientemente el ministro de Economía, Luis Arce.

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A pesar de la caída del precio del crudo, Bolivia creció en 2015 un 4,8%, uno de los índices más altos de la región.

Morales suele regodearse con que llevó al poder al movimiento indígena campesino y también evoca que la generación de su padre, un pastor aymara, tenía vedado el ingreso a la plaza Murillo, centro simbólico del poder político donde se encuentra el Palacio Quemado, sede del Ejecutivo.

"Cuando juré como presidente, en 2006, algunos de nuestros opositores ¿qué decían? 'Pobre indiecito, que se divierta unos 4, 5, 6 meses, no va a poder gobernar y después se va a ir, lo vamos a sacar'", recuerda.

Tras dos años de gobierno, en 2008, sorteó un plan de la derecha que decía: "Creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo, hay que hacer algo", rememora Morales, quien desarticuló entonces a la oposición y expulsó al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, y a la agencia antidrogas estadounidense DEA.

Comenzó allí el auge de los movimientos agrarios, venidos a menos en los últimos meses por un escándalo que involucra a decenas de líderes campesinos, algunos cercanos a Morales, investigados por la defraudación de 2,5 millones de dólares de un fondo de fomento.

Para la oposición, en estos diez años de Evo –con precios espectaculares de materias primas–, Bolivia tuvo "una inmensa oportunidad perdida", según el senador Oscar Ortiz.

Seguidor del socialismo del siglo XXI del extinto Hugo Chávez, Morales, destina recursos fiscales a la propaganda, "desatendiendo de esta manera la creación de empleos y las necesidades más básicas de las familias, como es la salud y educación", criticó Ortiz.

El líder del movimiento Sol.bo, Luis Revilla, alcalde de La Paz, consideró que Morales ejecuta "obras faraónicas"; mientras el diputado opositor campesino Rafael Quispe opinó que "lo malo es la corrupción generalizada". "Hemos botado a los neoliberales corruptos y ahora se repite la corrupción", agrega Quispe.

La Defensoría del Pueblo alertó de que la corrupción, entre otros factores, "está generando un debilitamiento progresivo y sistemático de la calidad de la democracia".

Uno de los mayores productores mundiales de hoja de coca después de Perú y Colombia –insumo clave para la cocaína–, Bolivia, sin el apoyo de la DEA, redujo sus cocales de 30.000 hectáreas en 2005 a las actuales 20.000, en acuerdo con los cocaleros, base política de Morales, él mismo un ex productor de la hoja.

Morales, que dará el viernes un mensaje a la nación desde el Congreso por sus 10 años en el poder, revalidó el cargo con el 64% de los votos para el período 2010-2015 y con el 61% para la gestión 2015-2020.

Ahora está en campaña para lograr la aprobación en referendo de una reforma constitucional, en febrero, que le permita reelegirse por cinco años más a partir de 2020.